La suspensión de servicios por parte de la clínica Avidanti a los usuarios de la Nueva EPS deja en riesgo la atención de más de 110.000 afiliados en Manizales y municipios cercanos, en medio de una deuda que supera los 171 mil millones de pesos.
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Tras conocerse la decisión de la clínica Avidanti de Manizales de suspender desde el jueves la atención a los usuarios de la Nueva EPS, medida que compromete la prestación de servicios de salud a más de 110.000 afiliados en la capital caldense y municipios vecinos, diversas voces se han sumado a la situación, señalando la aguda crisis hospitalaria en la ciudad y el departamento.
La decisión se adoptó debido a una deuda de 171 mil millones de pesos que la Nueva EPS mantiene con el centro asistencial, situación que lo tiene en asfixia financiera y que lo llevó a limitar sus servicios únicamente a urgencias, según confirmó su gerente, Carlos Hernán Estrada.
Cabe recordar que Avidanti representa cerca del 30 % de la capacidad hospitalaria de Manizales, con 236 camas de hospitalización, 47 de cuidado crítico, 47 camillas de urgencias, cinco quirófanos y 22 consultorios especializados. En promedio, atendía 7.300 consultas de urgencias, 1.600 triages y 180 hospitalizaciones cada mes.
El cierre parcial afecta directamente la red hospitalaria, que ya se encontraba en alerta desde el pasado 16 de julio, y genera el riesgo de colapso en la atención pública y privada, en especial en los servicios materno-perinatales y tratamientos de alto costo.
El secretario de Salud de Manizales, David Gómez Sprinstube, explicó que junto con el alcalde Jorge Eduardo Rojas y con apoyo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, interpondrán una acción judicial para obligar tanto al Ministerio de Salud como a la Nueva EPS a cumplir con el pago pendiente a la clínica.
“La medida busca garantizar que los recursos lleguen y que la clínica pueda retomar los servicios a los usuarios, porque la situación está poniendo en riesgo vidas”, indicó Gómez Sprinstube.
Asimismo, desde la Alcaldía se reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que intervenga de manera inmediata y se garantice la continuidad de la atención. En un comunicado, la administración municipal advirtió que no es aceptable que la salud de miles de habitantes esté comprometida por incumplimientos contractuales.
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Voz de veedora en salud
La presidenta de la Veeduría en Salud de Caldas, Piedad Cárdenas, expresó su preocupación frente al anuncio de la clínica Avidanti sobre la suspensión de servicios a los usuarios de la Nueva EPS.
“Esto es una crónica de una muerte anunciada que durante muchos meses venía advirtiéndose. En las reuniones de los PMU se prometían soluciones, pero eran como apagar un incendio momentáneo; después las instituciones volvían al mismo método, casi como pidiendo limosna”, señaló Cárdenas.
La líder de la veeduría aseguró que la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional. “El directo responsable en este momento es el presidente Gustavo Petro, que no está cumpliendo sus funciones de salvaguardar la vida y proteger el derecho fundamental a la salud, que está íntimamente ligado a la vida”, agregó.
Para Cárdenas, la situación es crítica por el número de personas afectadas. “Es muy grave que en Caldas cerca de 408 mil afiliados se queden sin una institución tan importante como Avidanti, que presta servicios especializados para toda esta población. Ahora solo podrán ser atendidos por urgencias vitales, mientras las demás instituciones ya tienen una capacidad superada”, advirtió.
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Las nuevas disposiciones
La clínica Avidanti confirmó que mantendrá la atención de urgencias, pero no recibirá pacientes remitidos para hospitalización ni consultas externas. Esto se suma a la suspensión de agendamientos de tratamientos y a retrasos en la entrega de medicamentos, lo que ya está generando mayores presiones sobre otros servicios de urgencias de la ciudad.
Actores del sector salud advirtieron que las dificultades no son exclusivas de Manizales y Caldas, sino que se repiten en varias regiones del país desde que el Gobierno Nacional inició la intervención de las EPS. El retraso en los giros de recursos, señalaron, ha desencadenado crisis financieras en clínicas y hospitales.
Mientras tanto, los pacientes y sus familias expresan preocupación por la continuidad de tratamientos especializados y de alto costo, que quedan en riesgo con la suspensión. Las autoridades locales insisten en que la prioridad debe ser garantizar la atención de los usuarios mientras se resuelve la situación financiera entre la Nueva EPS y Avidanti.
