El Ministerio de Hacienda presentó en borrador para comentarios una propuesta de retención en la fuente del 1,5% sobre los pagos realizados mediante Bre-B, el sistema de pagos único regulado por el Banco de la República, con la finalidad de unificar el tratamiento fiscal entre Bre-B y las tarjetas plásticas. La iniciativa ha generado rechazo entre bancos y legisladores; en octubre de 2025 Bre-B registraba 32 millones de colombianos inscritos y 88 millones de llaves activas, y el decreto aún no ha sido expedido. El gobierno de Gustavo Petro sostiene que la medida busca fortalecer la recaudación y ampliar recursos para el Estado sin sacrificar la inclusión financiera que Bre-B ha promovido.
La propuesta se encuentra en fase de borrador para comentarios y persigue equiparar el régimen fiscal entre Bre-B y las tarjetas digitales. Bre-B, presentado como una herramienta gratuita para facilitar transacciones e inclusión financiera, ha despertado preocupaciones en el sector privado sobre posibles efectos negativos, como desincentivar su uso y afectar la lucha contra la informalidad. El presidente de Davivienda, Javier Suárez, ha señalado que la medida es incongruente, mientras que la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, escribió en redes: «Todo lo que tocan estos comunistas en el poder lo destruyen. Algo que nació para facilitarle la vida a los colombianos, será otro garrote para quitarle más recursos a los ciudadanos».
«el sector financiero siempre ha sido el que permite mayor facilidad de recaudo para el Gobierno. Muestra de ello es el 4×1.000. El problema es que el camino no debe ser el de lo fácil, sino el de lo conveniente» – Javier Suárez, presidente de Davivienda
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Bre-B es un sistema de pagos único impulsado por el Banco de la República, presentado como una herramienta gratuita para facilitar transacciones e inclusión financiera; a octubre de 2025 reportaba 32 millones de colombianos inscritos y 88 millones de llaves activas. La propuesta de Hacienda busca equiparar el régimen fiscal entre Bre-B y las tarjetas plásticas; el sector financiero advierte que ello podría desincentivar el uso de Bre-B y afectar la lucha contra la informalidad. El Banco de la República indica que la implementación de un costo por uso de Bre-B podría tardar alrededor de tres años, como horizonte para la operación de la nueva retención.
Con el decreto aún en borrador y sin expedición, la discusión continúa entre Hacienda, bancos y legisladores. El próximo año, 2026, podría traer novedades en la coyuntura fiscal nacional, y Bre-B seguirá formando parte de la conversación pública mientras se evalúan impactos para la inclusión y la formalización de la economía.
