Una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia acusa a la magistrada Leonor Oviedo Pinto de prevaricación por acción y por omisión al participar en el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, salvando su voto el martes 21 de octubre, según consta en el escrito remitido por el abogado denunciante Eduardo Castillo González.
La denuncia fue presentada por Castillo González y apunta a Oviedo Pinto, magistrada integrada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, como la figura central de la presunta prevaricación por su intervención en el fallo que absolvió a Uribe Vélez. El documento señala, además, que la salvación de voto tuvo lugar el 21 de octubre y que la argumentación se apoya en referencias a publicaciones previas en redes sociales, con fechas de 2018, que, según el denunciante, evidencian animosidad o sesgo.
El escrito describe argumentos de impedimento y vulneración de imparcialidad y cita opiniones públicas de la magistrada en redes sociales como parte de la puesta en tensión de la neutralidad judicial. En el marco de la discusión, se mencionan también antecedentes relevantes: Uribe Vélez fue absuelto en segunda instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal, y Oviedo Pinto emitió un salvamento de voto en esa deliberación, hecho que ha impulsado el análisis de posibles irregularidades disciplinarias o penales ante la Corte Suprema de Justicia.
Entre los aspectos que acompañan la denuncia figuran referencias a las labores de otras magistradas de la Sala Mayor, como Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa Sánchez, quienes defendieron criterios que exigían verificar la veracidad de declaraciones del testigo Juan Guillermo Monsalve; Oviedo Pinto, en cambio, sostuvo que esa verificación no era indispensable para configurar el delito de soborno. Además, el documento denuncia que las publicaciones en redes sociales de 2018 buscan sostener una animosidad manifiesta hacia Uribe Vélez y que ello, según el escrito, debería haber motivado una abstención o un camino distinto en el fallo.
La denuncia y su alcance
La Corte Suprema de Justicia deberá evaluar si existen indicios de irregularidades disciplinarias o penales y si corresponde abrir una investigación formal. El impacto potencial de una apertura de investigación podría ir desde medidas disciplinarias hasta la eventual imputación de responsabilidad ante instancias competentes, siempre que se confirme un conflicto de interés o una falta de imparcialidad que afecte la independencia judicial.
«Considero que la conducta del procesado Álvaro Uribe Vélez se subsume en los tipos penales de soborno en actuación penal y fraude procesal, bajo el título de imputación de determinador, por lo que se trata de una conducta típicamente antijurídica realizada con culpabilidad. Es mi posición, contraria a la de la sala mayoritaria» – Leonor Oviedo Pinto, magistrada
«No creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número que por el contexto se hacía necesario» – Leonor Oviedo Pinto, (publicación en X, 2018)
«En la posición adoptada por la magistrada se traen posturas personales e ideológicas, que siguen la misma línea de la juez de primer nivel, reproduciendo subjetividades posiciones insoportadas probablemente y caprichosas» – Eduardo Castillo González, abogado
«A pesar de lo excesivo del salvamento de voto, ello no significa que existan razones que le permitieran apartarse de la decisión» – Eduardo Castillo González, abogado
«No pensaba reírme tanto» – Leonor Oviedo Pinto, (publicación en X, 2018)
En suma, este caso coloca en el centro del debate la frontera entre la libertad de expresión de los magistrados y las obligaciones de imparcialidad e independencia que deben regir sus decisiones. La Corte deberá decidir si se abre una investigación formal y, de ser así, qué ruta seguir para esclarecer posibles irregularidades en la actuación de Oviedo Pinto y en la votación que condujo a la absolución de Uribe Vélez.
