El senador Iván Cepeda, precandidato presidencial por el Pacto Histórico, expresó su preocupación por el retiro de puestos de votación rurales de cara a la consulta del 26 de octubre, una decisión denunciada por Alí Bantú, líder afro y precandidato al Senado. La noticia, que llega con especial énfasis en zonas rurales y municipios como Timbiquí, en Cauca, desvela un escenario en el que la participación de comunidades indígenas y campesinas podría verse gravemente afectada por la supuesta retirada de estructuras electorales en varias regiones del país.
La denuncia surge en un marco de movilización social encabezada por Movimiento Unidad en Minga Por Colombia, que emite un documento público exigiendo garantías a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral y otras entidades para garantizar la participación ciudadana. Según las cifras difundidas, se eliminaron 554 puestos de votación en zonas rurales, y el país mantiene más de 4.000 mesas de votación en total. Los departamentos señalados como foco de estas preocupaciones incluyen Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Nariño, Antioquia y Caldas, con especial atención a zonas como Timbiquí en Cauca.
La retirada de puestos de votación y su impacto en comunidades rurales
Entre las declaraciones destacadas figuran las de Alí Bantú, quien afirma que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, está quitando puestos de votación ya aprobados por la Registraduría. Bantú sostiene que, en su pueblo, no pueden votar porque la zona es considerada roja. El precandidato al Senado añade que la población carece de garantías de seguridad por parte de la fuerza pública y cuestiona la legitimidad de las medidas tomadas a puertas de la consulta.
«Y, por lo tanto, los electores no podrán votar en la consulta del Pacto Histórico» – Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial
«Para el caso de los pueblos indígenas no hubo una consulta y se tomó una determinación unilateral, violentando la democracia. Ni en los tiempos más violentos de la historia del país, había pasado esta situación (…) La Registraduría Nacional está Legitimando la ilegalidad, determinación que cercena la participación política de los pueblos» – Movimiento Unidad en Minga Por Colombia
«Me parece raro que el ministro de Defensa (Pedro Sánchez) hoy esté quitando los puestos de votación que ya fueron aprobados por la Registraduría» – Alí Bantú
«Mi pueblo, por ejemplo, no puede votar. Uno que acaba de tener un precandidato presidencial, y cuenta con un aspirante al Senado, no puede votar porque el Ministerio de Defensa alega que es zona roja» – Alí Bantú
«La pregunta es: ¿cuándo el ejército de Colombia o la fuerza pública fue a uno de esos territorios alguna vez en su vida a garantizar seguridad para la votación? Nunca han ido. Nunca» – Alí Bantú
«A la fuerza pública ya se le ve cuando va a realizar algún bombardeo. Nunca más se ve. Y entonces, hoy, con la excusa de sabotear la consulta, de sabotear para que la gente no salga a votar y darle a la extrema derecha… Más argumentos para salir a atacar a este proyecto que están quitando las mesas» – Alí Bantú
El contexto señala que hay antecedentes de debates sobre puestos de votación para la consulta del Pacto Histórico y que la discusión pública se intensifica ante denuncias de retirada y la falta de una consulta previa. El impacto potencial es la posibilidad de impedir la votación de comunidades indígenas y campesinas en varias regiones, con un llamado a la transparencia y a garantías constitucionales que aseguren la participación ciudadana en un proceso que contempla la mirada de múltiples territorios, especialmente en Cauca y zonas rurales de otros departamentos mencionados.
En este marco, Movimiento Unidad en Minga Por Colombia mantiene un documento público que denuncia irregularidades y exige garantías a la Registraduría, el CNE y otras entidades, y recuerda que tanto la Registraduría Nacional como el Consejo Nacional Electoral han sido citados en las manifestaciones y denuncias. Este pulso electoral se enmarca, además, en un contexto político en el que el Pacto Histórico había contado con nueve integrantes en su consulta presidencial anterior, lo que añade una capa de debate sobre la representatividad y la participación en el proceso que se aproxima.
