Un subintendente de la Policía Nacional adscrito al Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia en Ibagué es investigado disciplinariamente por presunto acoso sexual a una auxiliar de policía dentro de un ascensor de la sede departamental, hecho registrado el 5 de septiembre de 2025.
La denuncia fue presentada por la auxiliar de policía afectada, y la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria y la recolección de pruebas para determinar responsabilidades y asegurar los derechos de la presunta víctima, en el marco de la normativa vigente sobre acoso laboral y sexual en el sector público. El hecho ocurrió dentro de la sede departamental de la Policía en Ibagué, Tolima. En este proceso, las autoridades señalan la necesidad de esclarecer lo ocurrido conforme a la gravedad de la conducta y las evidencias disponibles. Las sanciones posibles, según el tipo de falta, incluyen destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años para faltas gravísimas dolosas; destitución e inhabilidad de 5 a 10 años para faltas gravísimas con culpa gravísima; y suspensión e inhabilidad especial de 18 a 24 meses, sin remuneración, en caso de culpa grave. Todo ello en el marco de la normativa aplicable y las salvaguardias para la presunta víctima.
Contextualmente, este caso se inscribe en un momento en que la Procuraduría ha formulado cargos disciplinarios contra dos patrulleros por presunto abuso sexual de una menor en Bogotá durante junio de 2025, y en marzo de 2024 dos suboficiales fueron condenados por desobediencia y abandono de puesto durante la custodia de un expresidente de Colombia. Este panorama amplía el debate sobre la integridad institucional y los derechos laborales dentro de la Policía Nacional, subrayando la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, control y sanción ante hechos de acoso, sexual o laboral, para sostener la dignidad de los miembros de la fuerza y garantizar el debido proceso.
Investigación disciplinaria por acoso sexual en la sede policial de Ibagué
Esta nueva investigación se enmarca en un esfuerzo institucional por reforzar la prevención, el control y la sanción de conductas indebidas dentro de la Policía, con especial atención a delitos y faltas que afecten la dignidad y los derechos del personal, y se acompaña de una revisión de los procedimientos disciplinarios vigentes para garantizar respuestas consistentes ante casos de acoso en el ámbito público.
«No hay declaraciones textuales publicadas en el material proporcionado.» – Fuente institucional
En resumen, la noticia refleja una coyuntura en la que la Policía Nacional, accionada por la Procuraduría, avanza en la revisión de conductas que vulneran derechos laborales y personales, dentro de un marco normativo que contempla la cobertura de acoso laboral y sexual en el sector público, la Ley 2365 de 2024 de Función Pública y el estatuto disciplinario propio de la institución. Este tipo de casos impulsa la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, control y sanción para garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso para todos los agentes, sin importar su jerarquía o función.
