Una oleada de respaldos dentro del Partido Republicano de Estados Unidos acompañó este viernes 24 de octubre la sanción impuesta por Donald Trump contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y contra el ministro del Interior Armando Benedetti, por presunta complicidad con el narcotráfico. Los congresistas Mario Díaz-Balart, de Florida y miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara, y María Elvira Salazar, también congresista republicana por Florida, expresaron públicamente su apoyo a la medida desde Washington, con ecos en Colombia donde las declaraciones llegaron a través de las cuentas de X y otras plataformas. La decisión, anunciada en la capital estadounidense, refuerza la postura de la fracción más conservadora del Partido Republicano frente a gobiernos latinoamericanos percibidos como adversarios de los intereses de Washington.
En las declaraciones públicas, Díaz-Balart defendió la sanción y sostuvo que Petro y sus socios son objeto de una acción destinada a frenar el tráfico de drogas que amenaza la seguridad de Estados Unidos y de la región. Salazar, por su parte, afirmó que “la verdad siempre sale a la luz”, calificó a Petro de “marxista, exguerrillero y aliado de narco-terroristas” y afirmó que “ahora está oficialmente sancionado por Estados Unidos por su rol en el tráfico global de cocaína”; añadió que denunció desde el primer día que Petro es un peligro para Colombia, la región y los EE. UU., y concluyó con el lema que acompaña su crítica, “¡Los narcos no son socios, son enemigos de la libertad!”. Petro figura además en la Lista Clinton de OFAC, un listado que institucionaliza restricciones para funcionarios y allegados ligados a actividades ilícitas. Estas declaraciones fueron difundidas en la cuenta de X, en un intento de endurecer la presión sobre las autoridades colombianas y sus decisiones políticas, en un momento en que Washington busca enfatizar su postura frente a actores regionales considerados problemáticos para sus intereses.
Contexto y alcance de la medida
Antecedentes: las relaciones entre Bogotá y Washington se tensaron tras la inclusión de Petro y varios de sus allegados en la lista OFAC, lo que ha encendido un debate sobre la autonomía de las decisiones políticas en la región. Por qué es noticia ahora: las expresiones públicas de Díaz-Balart y Salazar en apoyo a las sanciones elevan la presión sobre el gobierno colombiano y recalcan la lectura de la Administración de Estados Unidos respecto a la realidad regional. Impacto o consecuencias: se fortalece la postura de la fracción más conservadora del Partido Republicano respecto a gobiernos de América Latina; el gobierno colombiano no ha emitido una respuesta oficial (según el reporte) y algunos congresistas del Pacto Histórico calificaron la medida como intromisión. En el ámbito institucional, el ministro del Interior Armando Benedetti reaccionó en redes con la frase “Todo imperio es injusto” en señal de rechazo a la medida, una postura que añade tensión al relato entre ambos países.
«Todo imperio es injusto» – Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia
Las sanciones de OFAC contemplan el bloqueo inmediato y la obligación de reportar todos los bienes, cuentas e intereses financieros pertenecientes a las personas designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo la administración de ciudadanos o entidades de ese país. Del mismo modo, cualquier empresa o institución en la que las personas sancionadas posean una participación igual o superior al 50% queda automáticamente sujeta a las mismas restricciones. En este marco, Petro aparece en la Lista Clinton (OFAC), lo que añade un componente práctico de limitación económica y de movilidad para funcionarios y entidades relacionadas con su círculo de influencia. Estas medidas fortalecen la posición de la bancada más conservadora del Partido Republicano frente a la dinámica política en América Latina, y alimentan un debate que persiste en Bogotá sobre la interpretación de la soberanía frente a decisiones extranjeras.
