En una jornada marcada por la renuncia de Eduardo Montealegre a la cartera de Justicia, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, designó al exfiscal general Mario Iguarán como apoderado para representarlo ante las denuncias presentadas por Montealegre, autorizando a Iguarán a actuar con un poder amplio y suficiente para intervenir en las diligencias disciplinarias y los procesos judiciales en los que Eljach pudiera verse involucrado.
Entre los datos clave de la semana, destaca un respaldo político significativo: más de treinta senadores firmaron una carta de apoyo al procurador Eljach, entre ellos el presidente del Senado, Lidio García, lo que añade un matiz de cohesión legislativa frente a la controversia y a la decisión administrativa que toma la Procuraduría.
El contexto necesario para comprender este movimiento incluye antecedentes de fricción entre Montealegre y Eljach. Montealegre ha acusado a Eljach de prevaricato en la investigación contra Jorge Pretelt; además, recordó un episodio cuando Eljach era secretario general del Senado y afirmó la filtración irregular de información. En paralelo, Montealegre presentó una queja disciplinaria ante la Corte Suprema vinculada a un concurso notarial y denuncias de sobornos, y ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que esas investigaciones serían mecanismos para censurar sus opiniones y afectar el funcionamiento del Gobierno.
La noticia, además, da cuenta de una escalada de tensiones entre Montealegre y Eljach y de la decisión de designar a Iguarán para responder ante las denuncias, lo que se interpreta como una estrategia de defensa jurídica y de fortalecimiento institucional para el Procurador, que ha contado con un respaldo relevante desde el Legislativo. En este marco, la designación aparece como un indicio de fricciones persistentes entre las ramas del poder.
La designación de Iguarán y el pulso entre poderes
Con la designación de Mario Iguarán como apoderado, se refuerza la capacidad de Eljach para enfrentar las denuncias presentadas por Montealegre, incluso cuando estas involucran investigaciones judiciales y procedimientos administrativos vinculados a su gestión. Aunque el lugar de la designación no fue especificado en las comunicaciones oficiales, lo relevante es el alcance del referido poder para actuar en nombre del Procurador ante las posibles citaciones y trámites que se avecinan.
«Nos permitimos dejar constancia, de manera categórica, de las afirmaciones calumniosas e injuriosas proferidas por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en contra del procurador, Gregorio Eljach» – Grupo de senadores (entre ellos Lidio García, presidente del Senado)
«El hecho de haber sido denunciado disciplinariamente sin fundamento alguno y ser investigado por autoridades que están siendo instrumentalizadas para censurar mis opiniones políticas y afectar el funcionamiento del Gobierno me genera una angustia permanente. Mi integridad moral se ha visto afectada y no tengo posibilidades reales de solución debido al contexto del caso» – Eduardo Montealegre, exministro de Justicia
En síntesis, este episodio pone de relieve las fricciones entre las ramas de poder y sitúa en el centro del debate la independencia institucional frente a acusaciones y denuncias de distinto tenor, con un respaldo legislativo que podría influir en el curso de las investigaciones y en la percepción pública sobre la gestión de las autoridades involucradas.
