Las víctimas en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez notificaron formalmente a la Corte Suprema de Justicia su decisión de interponer un recurso extraordinario de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al exmandatario de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial; Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve; y Eduardo Montealegre, exfiscal y exministro de Justicia, figuran entre las víctimas que presentaron la notificación ante la Sala de Casación Penal. La notificación fue presentada por los apoderados de las víctimas, y existe un plazo de 30 días hábiles para radicar formalmente la demanda de casación.
La fecha exacta de la acción no se especifica en el material, pero el trámite ya se encuentra en curso ante la Corte. Este movimiento se produce en un contexto de antecedentes en el que la sentencia de segunda instancia habría generado dudas sobre la valoración de las pruebas, lo que impulsa este recurso para asegurar la correcta aplicación del derecho y la salvaguarda de las garantías fundamentales dentro del proceso. La noticia llega en un momento en que aumenta la atención pública sobre la forma en que se interpretan y valoran las pruebas en las instancias judiciales superiores, y la posibilidad de que la Corte revise, si procede, la actuación de la segunda instancia.
La casación como control excepcional y alcance potencial
El objetivo del recurso es garantizar la correcta aplicación del derecho y la protección de las garantías fundamentales dentro del proceso judicial. La Sala de Casación Penal podría revisar y, de ser procedente, corregir la sentencia de segunda instancia, recordando que la casación no constituye una tercera instancia, sino un control excepcional sobre la legalidad y la valoración probatoria realizada en la segunda instancia.
«la segunda instancia incurrió en errores de hecho al momento de apreciar y valorar las pruebas, primero, se abstuvo de valorar y apreciar pruebas practicadas en el juicio y, segundo, a otras les dio un valor que no tenían, distorsionando y tergiversando su contenido» – Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial
«repercutieron en la motivación y en la decisión adoptada por la segunda instancia, y la llevaron, equivocadamente, a revocar la decisión condenatoria de primera instancia» – Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial
Con este movimiento, las víctimas buscan hacer valer su interpretación de la prueba y asegurar que el proceso se rija por el debido proceso y la protección de las garantías fundamentales, en un caso de alto perfil que continúa generando debate público sobre la justicia en Colombia. La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si admite el recurso y, en su caso, cuál sería el alcance de una eventual revisión de la sentencia de segunda instancia, en un marco en el que la casación se presenta como una herramienta de control legal y no como una tercera instancia.
