En Colombia, sectores del uribismo llaman a abstenerse de votar en la consulta interna del Pacto Histórico, sosteniendo que la jornada resulta costosa y podría servir para promover el petrismo. La fecha señalada para este proceso es el 26 de octubre de 2025, y el debate llega en un contexto de dudas sobre la legitimidad de la iniciativa y tras renuncias de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. En medio de esas dudas, la papeleta conservará la imagen de Daniel Quintero pese a su retiro, un detalle que alimenta la discusión sobre la viabilidad y la integridad del mecanismo de participación.
Entre las voces críticas destacan Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, y Hernán Cadavid, representante a la Cámara, acompañados por Nicolás Farfán, exregistrador, y por otros actores como Carolina Corcho e Iván Cepeda, aspirantes presidenciales. La consulta figura con 144 precandidatos al Senado y 373 a la Cámara, además de la presencia de dos precandidatos presidenciales. La oposición afirma que la jornada implica un gasto elevado y que existen cuestionamientos jurídicos sobre la compatibilidad de la tarjeta electoral con las renuncias de UP y PC, lo que alimenta la sospecha de que la papeleta podría presentar el logo del Pacto Histórico aun cuando la organización no cuente con personería jurídica. Las críticas también apuntan a la posibilidad de que se presenten acciones ante el Consejo de Estado para salvaguardar recursos públicos y evitar lo que algunos describen como un posible engaño al elector. En la cobertura se recuerda que las imágenes que acompañan las informaciones proceden de Vannessa Jiménez/Reuters y de la cuenta de Instagram @hernancadavidma.
La discusión gira en torno a costos, legalidad y legitimidad
Sobre el costo de la jornada, Hernán Cadavid ha señalado que la inversión podría superar los 150 mil millones de pesos, mientras que Sebastián López ha elevado esa cifra a alrededor de 200 mil millones, un rango que alimenta la controversia sobre la conveniencia y la eficiencia de este proceso. Paralelamente, persisten dudas sobre la conformidad de la tarjeta electoral con la Constitución, particularmente con el artículo 258, que exige que las tarjetas exhiban en condiciones de igualdad los nombres de los precandidatos o candidatos y los logos de los partidos convocantes. Este debate ha llevado a señalamientos de que la consulta podría tratarse de un mecanismo interpartidista, lo que ha generado quejas legales y la posibilidad de recursos ante el Consejo de Estado para impugnar su legalidad y su viabilidad presupuestaria. La discusión también contempla la posibilidad de que la inclusión del logo del Pacto Histórico, a pesar de las renuncias, induzca al elector a creer que vota por una agrupación con personería jurídica vigente, lo que agranda las preocupaciones por engaño y por la claridad del marco normativo.
«Ni un solo voto a todas las familias, los amigos, no se acerquen a las urnas este domingo. Nos hicieron perder 200 mil millones de pesos en este ridículo que ellos armaron y que va a ser un fiasco total» – Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín
En este contexto, los analistas señalan que la jornada podría presentar una baja participación y cuestionamientos a la legitimidad de la consulta, con posibles acciones legales para proteger los recursos públicos y para esclarecer la compatibilidad de la tarjeta electoral con la renuncia de UP y PC. La noticia, que abarca el proceso electoral a nivel nacional en Colombia y referencias específicas a Medellín, mantiene el foco en la transparencia del gasto público y en la claridad de las reglas que rigen este mecanismo de participación, cuyo desenlace podría definir el tono del debate político de cara a 2026.
