Colombia enfrenta un déficit fiscal histórico que pone en jaque los programas sociales y la reforma pensional, con un déficit estimado en 5,1% del PIB, aproximadamente 93 billones de pesos, en un escenario marcado por gasto público elevado e ingresos que no logran recuperar el impulso, mientras la deuda acumula camadas de presión que amenazan la liquidez y la financiación de las transferencias sociales y de la reforma pensional.
El análisis que presentan Diego Montañez, investigador de la Universidad Eafit; Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos); y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, evalúa la situación a través de estimaciones de déficit, comparaciones históricas y un examen minucioso de presupuesto, ingresos y gasto. El estudio aborda además el costo del pilar solidario y la viabilidad de la implementación de la PILA, evaluando escenarios para el cierre de 2025 y la aprobación del presupuesto para 2026. Se advierte que, pese a un incremento en el gasto social, la caja estatal continúa deteriorándose por el combinatorio de gasto elevado, ingresos estancados y una deuda en ascenso, lo que podría limitar la capacidad de financiación de programas sociales y de la propia reforma pensional. Entre los hallazgos figura que el presupuesto de 2026, aprobado recientemente, enfrenta un desfinanciamiento aproximado de 26 billones de pesos y que el gasto de funcionamiento se eleva casi 9%, mientras la inversión pública sube alrededor de 5,3%. El pilar solidario demanda 8,3 billones de pesos anuales y la inversión del DPS experimenta un aumento de 4,5 billones entre 2025 y 2026, información que se suma a las alarmas sobre el costo y la sostenibilidad del pilar en medio de un marco fiscal comprometido. En este contexto, el recaudo de 2025 y los desfases respecto a metas señalan un panorama de tensión y prudencia para las finanzas públicas.
Panorama fiscal y riesgos para la reforma pensional
El informe sintetiza números clave del contexto: la deuda bruta creció 169 billones de pesos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, y la deuda total en los dos primeros años de este gobierno muestra un alza de 317 billones de pesos, con una deuda neta que podría superar el 61% del PIB. En el frente fiscal, el Presupuesto General de la Nación para 2026 alcanza 546,9 billones, desfinanciado en alrededor de 26 billones; el gasto de funcionamiento avanza 8,8% y la inversión pública sube 5,3%. En términos de ingresos, el recaudo de 2025, entre enero y septiembre, fue de 211,9 billones, con un desfase frente a la meta de 4,9 billones; el cierre de 2025 podría presentar un desfase de 8 a 10 billones respecto a la meta, con un recaudo total proyectado de 271–273 billones frente a una proyección gubernamental de 281 billones. En el terreno de las transferencias y el gasto social, se reporta que el bono para adultos mayores en pobreza alcanza 230.000 pesos para más de 3 millones de personas; el costo del pilar solidario se mantiene como un gasto clave de 8,3 billones anuales, mientras que la inversión para vivienda tiene su nivel más bajo desde 2008 y el DPS financia un aumento de gasto que complica la estabilidad presupuestal. El análisis también destaca variaciones en las devoluciones de la Dian (18 billones en mayo y 8,3 billones en agosto) como indicios de la dinámica de recaudación y de la lucha por cerrar el déficit estructural.
«El gasto se mantiene alto y los ingresos estancados, lo que está ampliando el hueco fiscal más de lo esperado» – Diego Montañez, Investigador, Universidad Eafit
«Los recursos asignados solo serán suficientes para financiar el pilar solidario si se recortan otros programas que están a cargo del DPS» – Andrés Velasco, Presidente de Asofondos
«el presupuesto está orientado a mantener el gasto, pero no a estimular la inversión» – Diego Montañez, Investigador, Universidad Eafit
«sería el segundo déficit más alto en más de 120 años, solo superado por el de la pandemia» – Diego Montañez, Investigador, Universidad Eafit
Contextualmente, el equipo de analistas señala que existen obstáculos técnicos para la reforma pensional: Asofondos coordina con Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia; tras el fallo de la Corte Constitucional se necesitarían al menos dos meses para ajustar esquemas operativos. En paralelo, el Banco de la República ha solicitado tres meses y los operadores de PILA hasta seis meses para completar procesos tecnológicos y administrativos. Las proyecciones de endeudamiento refuerzan la preocupación de que la deuda neta podría superar el 61% del PIB, mientras que la recaudación y el gasto público muestran una brecha respecto a metas oficiales, con inversión pública que podría verse afectada por la menor liquidez y la presión por financiar el gasto social y la continuidad de políticas de vivienda y otras transferencias.
En síntesis, la coyuntura evidencia un escenario fiscal delicado para Colombia, en el que el deterioro de las cuentas públicas y la presión de financiar el pilar solidario, la PILA y la reforma pensional sitúan en el centro del debate financiero y político la capacidad del Estado para sostener el gasto social sin comprometer la inversión y el crecimiento. Los analistas coinciden en que, sin ajustes estructurales o nuevas rutas de ingreso, el panorama podría exacerbar la carga de la deuda, empujar el costo de crédito y limitar la capacidad de Colombia para avanzar en programas sociales y reformas institucionales clave. Este es un tema crítico para el escrutinio público y para la definición de políticas en el corto y mediano plazo en el país.
