El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, respondió a Gustavo Petro tras la suspensión del decreto que reformaba el sistema de salud, afirmando que el Gobierno excedió sus competencias al modificar la organización del sistema sanitario por decreto. La entrevista, publicada por El Tiempo tras la decisión judicial, recoge la postura del magistrado frente a lo ocurrido y a las críticas sobre los alcances de la medida.
Álvarez detalló que el decreto contemplaba elementos como Riits, cambios en el rol de las EPS y nuevas funciones para las entidades territoriales, transformaciones que, según su lectura, exceden las competencias reglamentarias del Ejecutivo y sustituyen funciones que corresponde ejercer al Congreso. En su análisis, la norma se aparta de los límites que impone la Constitución y la jurisprudencia, y por ello no sería procedente respaldarla por vía reglamentaria tras la suspensión del Tribunal.
La discusión sobre límites a la acción gubernamental y la independencia judicial
La conversación pública se enriquece con el recordatorio de que el Tribunal suspendió el decreto y que, a juicio de Álvarez, las transformaciones afectan pagos y servicios y podrían generar la creación de despachos judiciales en los juzgados administrativos, además de avivar tensiones entre poderes. También se mencionan posibles sanciones y mecanismos de desacato, y se señala que la vía del desacato está regulada por la normativa correspondiente, con eventual intervención de órganos como la Comisión de Acusación ante el Senado ante el fuero presidencial. En el plano presupuestal, la reducción de recursos para la Rama Judicial respecto a lo solicitado podría impactar la descongestión y la creación de nuevos despachos. En el plano institucional, Álvarez reiteró que la Constitución garantiza el relevo presidencial cada cuatro años y descartó cualquier posibilidad de reelección.
«No puede pretender gobernar por decreto. Un país pierde su libertad y sacrifica su viabilidad como nación cuando se destruye la independencia de los jueces», indicó el magistrado. «El fallo de tutela del Consejo de Estado que limita las alocuciones del Presidente establece que estas deben realizarse solo en casos de urgencia y verdadero interés público, y que su contenido no puede ser excesivamente prolongado». «Una reforma total y sin limitaciones que no advertimos necesaria» – Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado
En suma, estas declaraciones colocan a la salud en el centro de una controversia constitucional sobre lo que corresponde reglamentar frente a lo que debe ser materia de ley, y subrayan la necesidad de mantener separado el poder reglamentario del legislativo para salvaguardar la viabilidad institucional del país. Las cifras que acompañan el debate —16 billones de pesos solicitados por la Rama Judicial, 11,6 billones finalmente aprobados por el Congreso y una reducción de 4,4 billones respecto del pedido original— ilustran el impacto presupuestal que podría incidir en pagos, atención y la operatividad de los despachos, mientras se espera cómo avanzará el pulso entre el Ejecutivo y el Congreso en medio de una discusión sobre límites y garantías democráticas.
