El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció ante el Congreso de la República la presentación de un proyecto de ley estatutaria para crear la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado, su último acto oficial al frente del Ministerio. La iniciativa plantea que esa Guardia esté adscrita a la Fiscalía General de la Nación y que, antes de su tránsito legislativo, reciba un análisis técnico y jurídico de la Comisión Asesora de Política Criminal. El anuncio tuvo lugar el 27 de octubre de 2025 en Colombia, ante el Congreso, marcando un hito en el cierre de su administración.
Entre los antecedentes, la propuesta se inscribe en una iniciativa estatutaria para crear la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado, adscrita a la Fiscalía General de la Nación, y responde a un esfuerzo por dotar al Estado de una estructura de inteligencia dedicada a la lucha contra el crimen organizado, con un enfoque preventivo y de coordinación con las demás agencias. La noticia llega como el último acto de Montealegre al frente del Ministerio y señala una voluntad de fortalecer las capacidades estatales para anticipar y obstaculizar las acciones del crimen organizado, operando con un enfoque estratégico y con coordinación con otros organismos de seguridad e inteligencia del Estado.
Subtítulo
La Comisión Asesora de Política Criminal será la instancia encargada de realizar el análisis técnico y jurídico de la iniciativa antes de su tránsito legislativo, garantizando su viabilidad y coherencia con el ordenamiento colombiano.
«fortalecer las capacidades del Estado colombiano en la lucha contra el crimen organizado» – Eduardo Montealegre, Ministro de Justicia
«criterios de control judicial estricto, sujeción al principio de legalidad y coordinación con los demás organismos de seguridad e inteligencia del Estado» – Eduardo Montealegre, Ministro de Justicia
Este movimiento, además de cerrar el ciclo de Montealegre al frente de Justicia, se presenta como una apuesta por ampliar la capacidad operativa y preventiva del Estado frente a las redes criminales, con una vigilancia institucional que busca responder de forma articulada a las dinámicas del crimen organizado y a la necesidad de coordinación entre Fiscalía, Policía y otros organismos de seguridad e inteligencia.
