La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “Gury”, del Centro Democrático, por videos que lo muestran intimidando con un bate a manifestantes durante una protesta en El Poblado. Paralelamente, la Fiscalía solicitó refuerzo de protección para el concejal ante amenazas.
El hecho ocurrió el 7 de octubre, en la zona de El Poblado, frente a un restaurante, durante una protesta en apoyo a Palestina. En los días recientes se difundieron videos en redes sociales que muestran al edil con un bate de béisbol grabado con la palabra “Diálogo” y con una caricatura suya; la imagen circula con crédito a @AndresGuryRod/X. Según los registros, hubo un único incidente de intimidación observado en esos videos, y la Fiscalía solicitó refuerzo de seguridad para el concejal ante amenazas y hostigamientos vinculados a sus denuncias públicas. Dos entidades fueron solicitadas para protección: la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional.
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La Procuraduría ya había iniciado una investigación disciplinaria y la Fiscalía solicitó protección adicional para Rodríguez Puerta ante amenazas y hostigamientos vinculados a sus denuncias públicas. El hecho, registrado en El Poblado el 7 de octubre, se enmarca en una escalada de tensión relacionada con señalamientos sobre su seguridad y con una posible relación con la estructura criminal denominada La Oficina. La difusión de imágenes y videos y la publicación del bate en redes sociales han acelerado las respuestas institucionales y el incremento de medidas de protección, que buscan evitar nuevos hostigamientos y determinar si hay falta disciplinaria por parte del concejal.
«Ya casi están listos los amansa mamertos… porque todo lo arreglamos con diálogo» – Andrés Felipe Rodríguez Puerta, concejal
El impacto esperado incluye posibles sanciones disciplinarias, un incremento de las medidas de protección y una mayor tensión política en torno a la seguridad de un funcionario electo ante amenazas y hostigamientos vinculados a denuncias públicas, mientras las autoridades evalúan el alcance de estos hechos y su relación con dinámicas que involucran denuncias públicas y grupos de apoyo y protesta.
