La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, presentó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado una demanda destinada a anular la personería jurídica concedida al partido Progresistas, surgido de la escisión del Mais y encabezado por María José Pizarro. La acción solicita la nulidad de la personalidad jurídica de Progresistas y medidas cautelares, aunque el material disponible no especifica la fecha exacta de la presentación.
Valencia figura como impulsora de la acción, mientras que María José Pizarro es senadora y líder de Progresistas. La demanda busca dejar sin efecto la personería del partido ante el Consejo de Estado, basada en argumentos que señalan irregularidades asociadas a la creación de un nuevo partido en medio de procesos sancionatorios contra el Mais, lo que, a juicio de la solicitante, podría facilitar la elusión de sanciones. En términos prácticos, la demanda pretende evitar que Progresistas continúe operando con personería jurídica reconocida mientras persisten investigaciones y sanciones.
Entre los elementos destacados figuran la Resolución No. 09111 del 3 de septiembre de 2025, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgó la personería a Progresistas. Esta formación nació por la escisión del Mais y recibió la autorización del CNE en septiembre de 2025, a pesar de controversias judiciales por irregularidades en gastos de campaña durante las elecciones regionales de 2023. El material también hace referencia a un marco para comicios legislativos y presidenciales de 2026, y sitúa el caso dentro de la interacción entre sentencias de la Corte Constitucional, decisiones del CNE y la Ley Estatutaria de Partidos.
El contexto necesario señala que el Consejo de Estado será la autoridad encargada de decidir sobre la nulidad de la personería y que, de otorgarse, la decisión podría sentar precedentes relevantes para futuras fusiones o disoluciones de formaciones políticas. El asunto tiene una lectura clara de cara al proceso electoral de 2026, pues podría influir en la configuración del tablero legislativo y presidencial y en la interpretación de cuándo es permisible crear o disolver partidos en circunstancias de investigaciones en curso.
El material subraya que existían procesos sancionatorios en curso contra el Mais al momento de la otorgación de la personería a Progresistas. También se solicita la suspensión provisional de la Resolución No. 09111 del 3 de septiembre de 2025 del CNE. En lo jurídico, se enmarca la discusión en la vigencia de la normativa electoral y la compatibilidad de fusiones y escisiones con el marco legal vigente.
«En este sentido, la Corte advirtió que permitir la disolución o la escisión en medio de un proceso sancionatorio equivaldría a un fraude a la ley, pues posibilitaría que las organizaciones políticas burlaran el régimen disciplinario y eludieran las consecuencias jurídicas de las investigaciones en curso» – Paloma Valencia, senadora y precandidata a la Casa de Nariño
En respuesta a la acción, el abogado y apoderado de la congresista que interpuso la demanda, Pablo Felipe Gutiérrez, afirmó que procede la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 09111 del 3 de septiembre de 2025, por cuanto reconoció la personería jurídica al partido Progresistas existiendo procesos sancionatorios en trámite, contraviniendo lo dispuesto por la normativa vigente.
La noticia coloca a Progresistas en un escenario judicial de alta relevancia para el juego político del país, pues el fallo del Consejo de Estado podría fijar un precedente sobre la creación y disolución de partidos en un contexto de sanciones y procedimientos disciplinarios, con efectos directos sobre el desarrollo de las elecciones de 2026 y la conformación del panorama político para ese ciclo electoral.
