El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, exigió la liberación inmediata de cuatro rehenes: dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y dos patrulleros de la Policía Dijín, tras la difusión de nuevas pruebas de supervivencia que mantienen con vida a los cautivos. En un pronunciamiento difundido por las redes oficiales del Ministerio, Sánchez Suárez afirmó con firmeza que secuestrar no es un acto político, sino un crimen contra las personas y sus familias, y reclamó una respuesta humanitaria inmediata ante la situación.
El mensaje, grabado frente a cámara y difundido por las cuentas institucionales, contó con la participación del comandante general de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides. Se detalló que Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, ambos agentes del CTI, fueron capturados el ocho de mayo en Fortul, Arauca; mientras que Yordy Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia, patrulleros de la Dijín, fueron capturados el veinte de julio en la vía Tame–Arauca. Lleva más de cuatro meses en cautiverio y las pruebas de vida difundidas el 20 de octubre muestran que siguen con vida. El ELN anunció un supuesto «juicio revolucionario» con penas de tres a siete años bajo la custodia del Frente de Guerra Oriental, una acción que el Gobierno y las FF.MM. califican como una presión inadmisible para forzar una liberación y como una violación de los derechos humanos. En ese marco, las autoridades reiteraron que no cederán ante chantajes ni condiciones, y expresaron mensajes de apoyo a las familias de los cautivos y llamaron a la desmovilización del ELN como salida para poner fin al secuestro.
La respuesta institucional y el contexto de un conflicto que persiste
Antecedentes y contexto señalan que el ELN difundió un video con pruebas de supervivencia de los cuatro cautivos y afirmó iniciar un “juicio revolucionario” que se presentaría como una justicia diferenciada, manteniendo la idea de preservar la vida de las personas privadas de la libertad. En el marco actual, el Gobierno y las Fuerzas Militares intensifican su llamado al ELN para terminar el secuestro, subrayando que no puede servir de herramienta de presión política ni de negociación. El desarrollo de estos hechos incrementa la presión por la liberación, al tiempo que se agrava el dolor de las familias y queda en evidencia la fragilidad de los esfuerzos de paz en un país que sigue enfrentando al último grupo guerrillero activo.
«Someter a un ser humano a los peores vejámenes como el secuestro no es un acto político, es un crimen» – Pedro Sánchez Suárez, Ministro de Defensa
Datos adicionales revelan que durante las pruebas de vida difundidas el 20 de octubre se realizaron gestiones dirigidas al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo para pedir acciones urgentes que faciliten la liberación de los cautivos. Los cuatro individuos permanecen en cautiverio desde sus respectivas capturas: dos de ellos fueron detenidos en Fortul, Arauca, el ocho de mayo, y otros dos fueron capturados el veinte de julio en la ruta entre Tame y Arauca. Con más de cuatro meses de cautiverio, las condiciones de salud de los retenidos fueron mencionadas en los videos, y la institucionalidad insiste en que no cederá ante el chantaje. En ese marco, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares subrayan su compromiso con la protección de la población y con la ruta de la paz, a través de la desmovilización y la defensa de los derechos humanos, incluso ante la presión de un grupo armado rebelde que continúa activo en el país.
