El Ministerio de Minas y Energía, bajo la dirección de Edwin Palma, solicitó este 27 de octubre de 2025 renuncias protocolarias de los directores de cinco entidades adscritas y ordenó una revisión interna de la gestión, en un movimiento que refleja la actual tensión política y los desafíos de autosuficiencia energética en Colombia. Las medidas alcanzan a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, IPSE, el Servicio Geológico Colombiano y a los asesores de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, dentro de un marco de diálogo sobre posibles ajustes institucionales.
La solicitud se desarrolla en un contexto marcado por riesgos de apagones y por la necesidad de importar gas, además de un debate público sobre una nueva regulación tarifaria. Entre los temas que emergen está la posibilidad de fusionar IPSE con la ANH, una propuesta que ha generado debates entre los actores del sector. En paralelo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas mantiene mandatos de cuatro años para sus comisionados, y Fenoge no registró requerimientos de dimisiones. Asimismo, se confirmó que IPSE ha estado al frente desde noviembre de 2023; el SGC, desde octubre de 2022; la ANH continúa dirigida por Orlando Velandia; la ANM estaba al mando desde junio bajo Lina Beatriz Franco Idárraga, y los asesores de la Creg estuvieron involucrados en las discusiones.
Renuncias protocolarias y debate estructural agitan el sector energético
La medida, anunciada desde el Ministerio de Minas y Energía ubicado en Bogotá, coincide con tensiones políticas de alto nivel y con una coyuntura de posibles cambios en la gobernanza de las entidades energéticas. El planteamiento de la renuncia protocolaria se enmarca en una revisión interna destinada a evaluar la gestión de las entidades adscritas y a contemplar ajustes que podrían modificar la dirección de la transición energética, incluyendo el eventual acercamiento entre IPSE y la ANH para optimizar recursos, control y supervisión.
«Democratizar y garantizar el acceso a la energía eléctrica, especialmente para los estratos 1 y 2», planteó Palma al defender la medida que además separa el cobro de la energía de otros servicios públicos, excepto donde hay facturación conjunta con aseo y saneamiento, y propone mecanismos que incentiven la industrialización con fuentes limpias. – Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
En medio de este contexto, las implicaciones de las renuncias podrían afectar puestos de alto nivel y abrir un periodo de reconfiguración en la gestión de la transición energética. El debate público sobre una nueva regulación tarifaria, junto con las tensiones políticas y la necesidad de fortalecer la seguridad y la autosuficiencia energética, configuran un escenario en el que la dirección de Ipse y la relación entre Ipse y la ANH serán observadas de cerca, junto con el desempeño del SGC y la ANM, y el papel de los asesores de la Creg en la definición de políticas y tarifas para el sector.
