En una decisión de alto impacto para la reforma pensional, la Corte Constitucional ordenó a Colpensiones remitir contratos y conceptos jurídicos elaborados por el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño antes de su elección, para determinar si debe apartarse del estudio de la Ley 2381 de 2024. El auto, expedido el 27 de octubre de 2025 y registrado en el expediente D-15.989, establece que Colpensiones debe entregar la documentación necesaria para valorar un posible impedimento por recusación. Entre las partes y actores relevantes figuran la Corte Constitucional; Colpensiones; Héctor Alfonso Carvajal Londoño; Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado sustanciador; la senadora Paloma Valencia y Jorge Eliécer Morales Acuña, jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones.
La resolución precisa que Colpensiones debe allegar en cinco días los conceptos jurídicos del contratista en los contratos Nos. 070 de 2024 y 005 de 2025, además de los informes mensuales de ejecución y las solicitudes para rendir conceptos. Por su parte, Jorge Eliécer Morales Acuña debe entregar soportes y certificar fechas y hora; tras recibir el material, la Secretaría General deberá trasladarlo al magistrado Carvajal y a la recusante para pronunciarse en un plazo de tres días.
La Corte ordena entrega de documentos para evaluar posible impedimento
Contexto y finalidad: Paloma Valencia promovió un incidente de recusación contra Carvajal por haber elaborado conceptos sobre la reforma mientras ejercía como contratista de Colpensiones, y la situación actual es una orden judicial destinada a verificar si existe un impedimento que pueda afectar el conocimiento del caso de la reforma pensional. El expediente D-15.989 y los contratos Nos. 070 de 2024 y 005 de 2025 quedan como elementos centrales para este análisis, que podría influir en la participación de Carvajal en el desarrollo de la Ley 2381 de 2024.
«No hay declaraciones textuales disponibles en el material.» – Corte Constitucional
Esta medida busca garantizar la transparencia y evitar posibles sesgos en el análisis de la reforma pensional, dejando claro que la revisión de la Ley 2381 de 2024 podría verse afectada por el criterio del magistrado Carvajal si se concluye que existe un impedimento para su participación en el estudio del caso.
