El presidente Gustavo Petro anunció este 28 de octubre de 2025 que el Ministerio de Minas y Energía debe comprar las empresas de oro que administra la SAE y, de inmediato, iniciar la compra de oro en las regiones productoras para sacar las mafias del oro, con implementación a partir de noviembre. La medida contempla la transferencia de activos de extinción de dominio a cooperativas y asociaciones de pequeños mineros, con la finalidad de avanzar en la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala y ampliar la base de ingresos fiscales del país.
La iniciativa, presentada por Petro en conjunto con el ministro Edwin Palma, se articulará mediante una coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía, la SAE, la DIAN, el Ministerio de Hacienda, la Agencia Nacional de Minería y otras agencias. Las empresas de oro en extinción de dominio serán puestas al servicio de cooperativas y asociaciones de pequeños mineros, para que gestionen compras directas en las regiones productoras y así fortalecer la trazabilidad de la cadena, desmantelar estructuras mafiosas y promover la formalización. En este marco, se contempla que la normativa vigente, incluido el Decreto 0572 de 2025 que incrementa la retención en la fuente para la industria extractiva, podría traducirse en un menor recaudo fiscal de unos USD 175 millones si no se acompaña con la formalización de la actividad.
En lo cuantitativo, la onza de oro se cotizaba a USD 3.925,98 al 28 de octubre de 2025, lo que equivale a poco más de 15.000.000 COP por onza. Las exportaciones de oro para 2025 se proyectan por encima de USD 4.000 millones, frente a USD 3.907 millones en 2024, cuando se registraron 67 toneladas exportadas. La producción y exportación anual se estiman en unas 70 toneladas, y se advierte que el 80% de esa producción proviene de explotaciones informales o ilegales, generando pérdidas de regalías por aproximadamente 5 billones de COP. Actualmente, 7.400 mineros ya están organizados en cooperativas, y la propuesta gubernamental busca extender esa formalización a unos 350.000 mineros informales y de subsistencia. Como dato adicional, Alberto Acosta-Burneo, director del portal Análisis Semanal de Ecuador, señaló que el oro ya rompió la barrera de USD 4.000 por onza en el contexto de la conversación.
Gobierno impulsa la compra de oro estatal y la formalización de la minería
La medida apunta a convertir las extinciones de dominio en activos útiles para las comunidades mineras formales, fortaleciendo la regulación, la supervisión y la recaída de impuestos, a la vez que se buscan mecanismos para elevar la productividad y la rentabilidad de las cooperativas y asociaciones de pequeños mineros. Las autoridades confían en que la coordinación entre las distintas entidades y la mayor presencia del Estado en la compra de oro desincentiven la economía informal y las redes criminales, al tiempo que se mejora la distribución de los beneficios entre las comunidades productoras y el fisco.
«O se legalizan o salen» – Gustavo Petro, presidente de Colombia
«El Banco de la República haya vendido el oro colombiano y no esté comprando el oro en las regiones es un gran descalabro financiero» – Gustavo Petro
«Con más minas, los ingresos fiscales se multiplicarían, justo cuando el país más necesita un respiro» – Gustavo Petro
«El 80% de las 70 toneladas que se comercializan cada año por un valor superior a los USD4.000 millones proviene de explotaciones informales o ilegales, dejando pérdidas en regalías por aproximadamente $5 billones» – Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
«Insistiremos» – Edwin Palma
«La medida, que hoy ya favorece a 7.400 mineros organizados en cooperativas, deberá extenderse a unos 350.000 informales y de subsistencia» – Edwin Palma
La cobertura de este desarrollo por La Veintitrés Manizales se sostiene en un contexto de precios históricos para el oro y un esfuerzo dirigido a formalizar la mineralización de pequeña escala, con el objetivo de elevar la recaudación y reducir la informalidad. Las autoridades advierten que, de lograrse una implementación eficaz, podría haber beneficios sustantivos para las comunidades productoras y para la economía formal del país, siempre entendiendo que la transición requerirá vigilancia y transparencia constantes durante su ejecución.
