El 26 de febrero de 2017, las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias Iván Mordisco y su Frente Jaime Martínez, retomaron la construcción de una vía ilegal en Jamundí, Valle del Cauca, de unos 12 kilómetros que conectaría los corregimientos San Antonio y Ampudia y serviría como un corredor para el transporte de cocaína hacia el Pacífico, pese a las advertencias de la Gobernación para recuperarla y restablecer el control institucional.
La obra permanece bajo el control de las disidencias, con presencia armada, contratación y tránsito restringidos e intimidación a contratistas para impedir cualquier intervención institucional. El tramo discurre por la Cordillera Occidental y se ubica cercano a una escuela rural, lo que agrava el impacto sobre la comunidad y aumenta la tensión en la zona.
La ruta que divide territorios y deja a la comunidad en riesgo
Entre los actores involucrados figuran Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca; Elvia, la mujer que maneja la lista de contribuyentes; un hombre apodado Toro; y autoridades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que coordinan esfuerzos para recuperar el control. Los habitantes de San Antonio y Ampudia son los principales afectados por la reanudación de la obra y por las irregularidades que la rodean, desde la contratación hasta las restricciones de paso para residentes, docentes y alumnos de la escuela rural cercana.
«Vamos a arreglar esta vía terciaria para que sirva al progreso y no a la ilegalidad» – Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle del Cauca
Además, en testimonios de la comunidad local se señala que incluso los docentes de la escuela rural vieron afectado su trabajo, ya que decenas de bultos de cemento llegaron a ser donados por la comunidad para apoyar la obra, un indicio más de la intrincada relación entre las autoridades civiles y los actores armados en la zona.
«Hasta los profesores de la escuela tuvieron que donar unos bultos de cemento» – Fuente de la comunidad, San Antonio
El contexto más amplio muestra que, si bien la Gobernación del Valle del Cauca anunció en el pasado la recuperación de la vía, la acción no se materializó y las disidencias mantienen el control, persistiendo extorsiones y prácticas que cocinan un posible corredor del narcotráfico en la región. El impacto inmediato es claro: las clases están suspendidas en la escuela rural y decenas de familias quedan aisladas, con el paso restringido para residentes, docentes y alumnos y una ausencia notable de autoridades civiles en la zona.
Desde una perspectiva operativa, el Frente Jaime Martínez ha mantenido presencia activa en Cauca y Valle del Cauca, conectando áreas de producción de cocaína con salidas al Pacífico y aplicando cuotas obligatorias a familias, agricultores y transportadores. En cuanto a la respuesta institucional, la Gobernación del Valle del Cauca mantiene coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para recuperar el control, pero el acceso a zonas altas sigue limitado debido a ataques y bloqueos en la región.
La vía ilegal mide aproximadamente 12 kilómetros de longitud, y se han registrado multas por tránsito sin autorización que pueden llegar hasta un millón de pesos. El efecto sobre la población local es contundente: decenas de familias afectadas, la escuela rural en tensión y un paisaje de seguridad fragmentada que dificulta cualquier intervención gubernamental sostenida en el corto plazo. El caso ilustra, una vez más, el entramado entre violencia, narcotráfico y desarrollo regional que persiste en ciertos corredores del Cauca y Valle del Cauca.
