Hernán Penagos, registrador nacional, afirmó en una entrevista publicada por Portafolio que no existe ningún mecanismo legal que permita suspender o cancelar los comicios previstos para 2026, ni siquiera ante la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La declaración, hecha en Colombia, busca garantizar la realización de las elecciones y disipar narrativas de suspensión que circulan en medio del debate constitucional.
En su intervención, Penagos insistió en que ni siquiera una eventual presentación ante el Congreso de un proyecto de ley o una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente puede suspender o cancelar las elecciones; puede que se presente, y puede que el Congreso la tramite, pero eso no modifica el calendario electoral. Subrayó que la Registraduría cumple su papel operativo y que, cuando se presentan delitos, faltas, corrupción al elector o compra de votos, son circunstancias que escapan a su competencia. Sin embargo, dejó claro que el mensaje debe ser claro: las elecciones se llevarán a cabo el año entrante y todo está dispuesto para que sean absolutamente íntegras.
Para garantizar la transparencia del proceso, la Registraduría anunció la publicación de las actas de las aproximadamente 125.000 mesas que se instalan en las elecciones del año entrante, de modo que la ciudadanía pueda verificar el conteo a medida que observe los resultados divulgados. Además, se prevé la implementación de biometría facial, una coordinación interinstitucional para asegurar la seguridad de unos 125.000 puntos de votación y la vigilancia de la seguridad por parte de la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa, junto con el escrutinio de la conducta de servidores públicos y la financiación de campañas por parte de los órganos de control. También se contemplan auditorías al sistema de información y al sistema electoral, y la participación internacional está confirmada para los comicios.
El presupuesto total para el proceso electoral asciende a 1,9 billones de pesos, con pagos estimados en alrededor de 600.000 millones de pesos girados este año conforme al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC). Los recursos provienen del presupuesto de 2025 y de vigencias futuras de 2026, según los detalles proporcionados por la Registraduría.
La seguridad, la transparencia y la observación internacional sostienen el calendario electoral
La seguridad estará a cargo de la Fuerza Pública y del Ministerio de Defensa, en coordinación con los órganos de control para vigilar la conducta de servidores públicos y la financiación de campañas. En materia de transparencia, las actas de cada mesa serán públicas para permitir la verificación ciudadana del conteo, y la ciudadanía tendrá la posibilidad de actualizar su domicilio electoral o inscribirse si nunca ha votado o ha cambiado de residencia. La observación internacional está prevista para los comicios, con mesas de atención para posibles delitos electorales y auditorías al sistema de información y al sistema electoral. Todo ello se enmarca en un marco de participación ciudadana y vigilancia institucional que busca garantizar elecciones libres, transparentes y justas.
«no existe ningún mecanismo legal que permita suspender o cancelar los comicios previstos para el próximo año, ni siquiera si se presentara un proyecto de ley o se iniciara el trámite de una Constituyente.» – Hernán Penagos, registrador nacional
En últimas, Penagos enfatizó que un proceso electoral es responsabilidad de todas las entidades del Estado y que todas deben contribuir para que las elecciones de 2026 se desarrollen con normalidad, manteniendo la continuidad institucional y bajo la vigilancia tanto nacional como internacional para garantizar la legitimidad del calendario.
