Un proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República de Colombia propone un nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero orientado a modernizar y fortalecer la lucha contra el contrabando. El texto del proyecto, identificado como la iniciativa 312 de 2025, establece una clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves y contempla sanciones que pueden incluir multas, decomisos y la cancelación de autorizaciones. La DIAN ejercerá su potestad sancionatoria enmarcada en los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, y fija un plazo para imponer sanciones que debe cumplirse antes del 20 de junio de 2026.
La elaboración de la propuesta ha sido un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Presidencia de la República y la DIAN, con la participación activa del sector privado y la academia, y una etapa de socialización y diálogo técnico para recoger aportes y lograr una regulación más equilibrada. Este movimiento responde al mandato de la Corte Constitucional expresado en la sentencia C-072 de 2025, que instó a actualizar el Régimen Sancionatorio Aduanero para asegurar un control aduanero más eficiente y una mayor seguridad jurídica para operadores y empresas del comercio exterior.
Transferencia de experiencias y objetivos fiscales
En el marco de la discusión, se ha hecho visible que las exportaciones del periodo enero a agosto de 2025 alcanzaron 32.659,7 millones de dólares, cifra que consta como crédito del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) y sirve de contexto para justificar la necesidad de un régimen más claro y proporcionado. Entre las herramientas previstas figura un principio de oportunidad que permite reducir hasta un 50% del monto de la sanción cuando el infractor reconozca la infracción antes de la expedición de la resolución sancionatoria y repare el daño causado, lo que busca fomentar la transparencia y la reparación rápida de perjuicios.
«este proyecto constituye un instrumento jurídico moderno, técnico y garantista, alineado con las mejores prácticas internacionales y con los principios constitucionales que orientan la actuación de las autoridades» – Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la DIAN
La iniciativa propone, en conjunto con las autoridades, un marco más claro para la actuación de la DIAN y un sistema de sanciones que sea proporcional al grado de infracción, con miras a reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los operadores del comercio exterior. Se destaca además que la socialización y el diálogo técnico con el sector privado y la academia buscan asegurar una implementación gradual y efectiva del nuevo régimen antes de la fecha límite de sanción establecida para el 20 de junio de 2026, fortaleciendo así la capacidad de la administración para responder a las exigencias de un entorno comercial contemporáneo y más competitivo.
