La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar para revisar transferencias de propiedad de vehículos tramitadas por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá en los últimos tres años, periodo que abarca 2022 a 2025, ante indicios de cesiones y traspasos que no habrían pasado por la validación correspondiente. La investigación, coordinada con la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, se enmarca en un esfuerzo por escrutar posibles fallas en la vigilancia institucional y en la inscripción y actualización de la propiedad de vehículos en la capital colombiana.
El equipo de la Procuraduría realiza revisión documental, prácticas de pruebas y solicita información a distintas dependencias, al tiempo que recoge testimonios, archivos y registros para analizar los mecanismos de control implementados entre 2022 y 2025. El proceso se encuentra en fase preliminar y, hasta el momento, no se han formulado cargos formales ni señalamientos dirigidos a funcionarios específicos.
Contexto y alcance de la revisión
El contexto obedece, según autoridades, al auge del mercado automotor y a la creciente digitalización de procesos, lo que incrementa la dependencia de bases de datos y verificaciones remotas. La noticia llega ahora porque la Procuraduría abrió la indagación preliminar para evaluar los controles y posibles fallas entre 2022 y 2025, con posibles efectos en la seguridad jurídica de trámites y la confianza pública. En caso de confirmarse irregularidades, podrían reverberar en el sector privado, especialmente aseguradoras y bancos que trabajan con expedientes de propiedad de vehículos.
No hay declaraciones textuales citadas en el material suministrado.
Entre los datos secundarios se destacan avances en el contexto regulatorio, como la propuesta de la Veeduría Distrital de implementar un pico y placa para vehículos híbridos en Bogotá, y observaciones de la propia Procuraduría de que sigue de cerca los efectos que eventuales irregularidades tendrían en el mercado automotor y en el acceso a seguros. La nota oficial precisa que el centro de inquietud sería la presunta manipulación de los sistemas de registro; aún no hay cargos confirmados.
