En Medellín, la ciudad donde se desarrollaron los hechos centrales de este martes 30 de octubre de 2025, el Congresista Juan Carlos Lozada cuestionó la reunión entre César Gaviria Trujillo y Luis Alfredo Ramos, condenado por vínculos con el paramilitarismo, y adelantó que Gaviria se reunirá el 31 de octubre de 2025 con Álvaro Uribe Vélez, lo que ha encendido un nuevo debate sobre la ética y la transparencia en el Liberalismo colombiano. El hecho, ocurrido en la propia sede de la reunión, fue objeto de críticas inmediatas y de un giro político que podría repercutir en la imagen de la bancada liberal en todo el país.
Lozada señaló, en publicaciones difundidas en redes sociales y videos, que la reunión Gaviria-Ramos no debía haber ocurrido y que la presencia de Ramos en un encuentro de alto nivel merecía un escrutinio riguroso por parte de la opinión pública. En su lectura, estas citas se dieron de manera presencial, con la intención de coordinar acciones políticas, lo que para el congresista supone un precedente preocupante para la transparencia interna del liberalismo. El foco de la discusión se amplía al anunciarse la próxima reunión Gaviria-Uribe para el 31 de octubre de 2025, un encuentro que Lozada describe como polémico pero que, en su criterio, no debería suponer legitimidad alguna si se mantiene la figura de Ramos como actor político cercano a la proyecto de Gaviria.
La reunión Gaviria-Ramos y el anunciado encuentro Gaviria-Uribe en el eje Medellín-Manizales
El contexto aporta matices importantes: Ramos fue exgobernador de Antioquia y, en abril de 2022, fue condenado por concierto para delinquir; más tarde, la Corte Suprema de Justicia le concedió libertad condicional el 8 de marzo de 2024. Esta trayectoria alimenta la controversia, ya que Gaviria habría buscado coordinar acciones políticas con un condenado por vínculos con el paramilitarismo. La noticia llega acompañada de una nueva cita en la agenda, la reunión programada para el 31 de octubre de 2025 entre Gaviria y Uribe Vélez, que amplía el debate sobre las alianzas políticas y la coherencia de cara a un escrutinio público mayor. Las publicaciones y los videos que registran estos encuentros subrayan la dimensión presencial de las reuniones y el giro de las redes sociales como escenario de la disputa política.
«La reunión que sostuvo hoy en la ciudad de Medellín el presidente César Gaviria, con el condenado por paramilitarismo Luis Alfredo Ramos, es una reunión que nunca debió haber tenido lugar» – Juan Carlos Lozada, Congresista
«El presidente de un partido, un actor político de primer nivel como es el presidente Gaviria, no debería nunca jamás, para trazar estrategias políticas, reunirse con un condenado por paramilitarismo como Luis Alfredo Ramos» – Juan Carlos Lozada, Congresista
«La reunión que va a sostener en el día de mañana (viernes 31 de octubre de 2025) con el presidente Álvaro Uribe, si bien es criticable, es legítima. La reunión con un condenado por paramilitarismo de ninguna manera es legítima ni aceptable» – Juan Carlos Lozada, Congresista
En la lectura oficial de Lozada, estas declaraciones se apoyan en datos fácticos y en la necesidad de una mayor claridad sobre las relaciones entre figuras políticas y actores condenados. El fotógrafo detrás de las imágenes que muestran el encuentro en Medellín y las publicaciones de Lozada se atribuyen, según la cobertura, a créditos de imagen que identifican a @juancarloslosadavargas/IG; además, se mencionan como fuente de contexto el archivo de Álvaro Tavera / Colprensa y la Presidencia de la República, lo que agrega una capa de verificación a la cobertura de este episodio político.
Este episodio coloca sobre la mesa un debate relevante para la ciudadanía: si las alianzas políticas pueden sostenerse cuando se involucran figuras condenadas y qué nivel de transparencia exige la opinión pública ante estas decisiones. En Medellín, la discusión se ha centrado no solo en la ética personal de los actores, sino también en el mensaje político que envían estas reuniones al electorado. El impacto inmediato podría traducirse en un reacomodo de las percepciones sobre el Partido Liberal y sus alianzas futuras, ampliando la conversación sobre responsabilidad y legitimidad en la práctica política.
En síntesis, este episodio enciende un pulso entre la necesidad de un liderazgo claro y la complejidad de las coaliciones en la política colombiana. Lozada mantiene una postura crítica frente a las reuniones con Ramos y, al mismo tiempo, desliza que la reunión con Uribe, si bien es objeto de debate, debe evaluarse en su capacidad de generar un marco de acción política más transparente. El periodismo local seguirá de cerca estas dinámicas para entender si la discusión se traduce en cambios tangibles dentro del Liberalismo y en la representación que este partido ofrece a la ciudadanía.
