El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez y revocó la detención domiciliaria que pesaba en su contra, decisión que marca un giro sustancial en un caso que ha transitado por más de una década de litigio y que ahora abre la vía de la casación ante la Corte Suprema de Justicia. La resolución, adoptada en segunda instancia tras una revisión de tutela, dejó sin efecto la medida cautelar y situó la definición final del proceso en manos del máximo tribunal, mientras la Fiscalía y las víctimas anunciaron que presentarán el recurso ante la Corte con la expectativa de un pronunciamiento definitivo, aunque no se especificó la fecha exacta de la solicitud.
El expediente, que ya tenía un peso político considerable, se remonta a una condena previa dictada por la jueza Sandra Heredia por soborno a testigos y fraude procesal. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá revirtió esa decisión, lo que desencadenó una nueva etapa procesal y, con la absolución en la instancia actual, abre un horizonte en el que el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia podría definir el curso definitivo del caso. El periodo de litigio supera los diez años, y conforme a lo que rige para la casación, se fijaría un nuevo plazo de cinco años desde la presentación de la casación, reanudándose los términos si el recurso llega a esa etapa, lo que subraya la complejidad y la duración de un proceso de alta relevancia política.
La vía de la casación y las reacciones
La decisión de la sala que absolvió a Uribe Vélez se fundamentó en un cuestionamiento a la motivación de la detención: la sala sostuvo que la fundamentación para mantener la medida fue vaga, indeterminada e imprecisa. En una de las formulaciones más citadas de la resolución, el tribunal señaló que los criterios como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas imputadas afectaría a sujetos específicos, no al conglomerado social.
«los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer, afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social» – Tribunal Superior de Bogotá
«las partes, según se considere que la sentencia fue contraria, si la sentencia que saca el tribunal es confirmatoria, la defensa y el Ministerio Público quedan habilitados para presentar la demanda, y será la Corte Suprema de Justicia la que resuelva si le asiste la razón o al tribunal y juzgado» – Wilson Pulido, abogado penalista
«Desde ya, informo que interpondremos, ante la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación» – Iván Cepeda, senador
Entre los actores involucrados en este tramo del proceso figuran también las víctimas y sus representantes: Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, que actúan como representantes legales de Iván Cepeda, Deyanira Gómez, Jorge Perdomo Torres y Eduardo Montealegre, amplifyando el arco de interés público en torno a este caso. La Fiscalía del caso, a cargo de Marlenne Orjuela, también ha anunciado la presentación de su recurso extraordinario de casación ante la Corte, dando inicio a una nueva fase que podría definirse en el máximo tribunal del país. En paralelo, participan figuras y actores como Iván Cepeda, Deyanira Gómez, Jorge Perdomo Torres y Eduardo Montealegre, cuyo involucramiento público y político ha mantenido el pulso mediático y jurídico en torno al expediente.
La apertura de la casación ante la Corte Suprema de Justicia no solo redefinirá la resolución en torno al expresidente Uribe Vélez, sino que podría reconfigurar los plazos procesales y la dinámica de un caso de alta resonancia nacional. Este giro coloca a la Corte en la posición de emitir un fallo definitivo que determine si las decisiones de la justicia adoptadas hasta ahora se ajustan a derecho, o si deben ser revisitadas con base en nuevos argumentos y fundamentos jurídicos. En ese sentido, la decisión adquiere una relevancia que trasciende al propio expresidente y repercute en el marco institucional y en la percepción pública sobre la transparencia y la vigencia de las garantías procesales en Colombia.
