Una detención preventiva de tres personas en Colombia por un esquema internacional de trata que habría explotado sexualmente a mujeres en Baréin se sitúa como un nuevo capítulo en la lucha contra las redes transnacionales de explotación. Las personas identificadas son Keila Eddymar Strubinger Pelayo, Wluender Sneylbert Araque Rojas y Enrique Quijano Ramírez, dos venezolanos y un colombiano, cuyas detenciones se realizaron en Cali, Valle del Cauca, y Pereira, Risaralda, en un periodo que abarca desde julio de 2023 hasta octubre de 2025.
Según las investigaciones, las víctimas fueron captadas con promesas de apoyo económico y logístico; la organización asumía gastos de tiquetes, visados y desplazamiento, y los traslados terminarían en Baréin, donde las víctimas serían despojadas de sus pasaportes, sometidas a maltratos y obligadas a acumular una deuda de 10.000 dólares por persona.
Al menos tres jóvenes han sido identificadas como víctimas, y el caso permanece bajo indagación mientras se buscan responsabilidades de otros posibles involucrados en la red. El relato de las operaciones señala que las víctimas, a partir de Cali y Pereira, serían trasladadas con promesas de oportunidades laborales hacia Oriente Medio, con el destino final en Baréin después de un itinerario que habría incluido promesas de traslado a Emiratos Árabes.
La lucha contra la trata y el marco institucional en cifras
En el frente institucional, el caso se enmarca en un panorama de fortalecimiento de la lucha contra la trata. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2024 sitúa a Colombia en Nivel 2 dentro de la Clasificación para la Protección de Víctimas de Trata, con recomendaciones para ampliar la asistencia y protección a las víctimas. En 2024, Coat, el Centro Operativo Anti-Trata, atendió a 416 personas, y el Gobierno ha mostrado un incremento presupuestal del 605% entre 2020 y 2025 para las acciones de lucha y protección de derechos humanos. En julio de 2025 se lanzó el Visor Nacional de Información sobre la Trata de Personas, con fortalecimiento de alianzas internacionales y colaboración con el sector privado para el traslado humanitario de víctimas, incluidos acuerdos con Latam Airlines y la ONG Valientes Colombia para facilitar estos traslados.
«Las mujeres eran amenazadas con ser denunciadas ante las autoridades de ese país para que las capturaran y procesaran por prostitución» – Fiscalía General de la Nación
El caso permanece bajo indagación y se mantiene la búsqueda de responsables de otros posibles involucrados en la red. Las autoridades subrayan la independencia de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial, al tiempo que destacan la necesidad de ampliar la responsabilidad e intervención frente a las redes transnacionales de trata. Con la llegada de herramientas como el Visor Nacional y la intensificación de acuerdos internacionales, se busca fortalecer la protección, el alojamiento, la atención médica y el apoyo psicológico para las víctimas, además de avanzar en mecanismos de cooperación para el traslado humanitario y la atención integral.
