Una revelación que sacude al Ministerio de Hacienda involucra a María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro Ricardo Bonilla, quien afirma que Bonilla ordenó mantener felices a los congresistas de la Comisión de Crédito Público para asegurar votos mediante cupos indicativos. Según Benavides, la orientación formaba parte de una estrategia para garantizar gobernabilidad y respaldo político al Gobierno de Gustavo Petro, y la información publicada por Semana sitúa estas prácticas dentro de una red de asignación de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNG RD). En el entramado, Andrea Ramírez, superiora de Benavides en el Ministerio de Hacienda y quien se encuentra en licencia de maternidad, figura como una pieza relevante. El testimonio, extendido por más de cincuenta horas, señala que se organizaban reuniones para definir proyectos y la contratación de favorecidos, con un seguimiento y autorización ministerial para cada caso.
La narración describe una red de asignación de contratos en la Ungrd y el uso de cupos indicativos para garantizar gobernabilidad y respaldo político de congresistas. Se reporta que se organizaban reuniones para definir proyectos y la contratación de favorecidos, y que cada seguimiento requería la autorización explícita, el monto y el camino, con la designación de personas en entidades vinculadas para ejecutar las obras. La publicación de Semana señala que los contratos adjudicados eran multimillonarios, aunque no se especifica el valor exacto. Entre los congresistas investigados figuran Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz; la Corte Suprema indicó que todos siguen en libertad mientras avanza la investigación.
Contexto y repercusiones
Los antecedentes sitúan la revelación dentro de una discusión más amplia sobre presuntas prácticas de asignación de contratos vinculadas al gobierno de Petro y el uso de cupos indicativos para garantizar gobernabilidad y votos en el Congreso. La noticia cobra relevancia porque el testimonio de Benavides, difundido por Semana, vincula estas prácticas a contrataciones millonarias y a la Comisión de Crédito Público, generando un posible impacto en la confianza pública y en procesos judiciales pendientes.
«el cupo indicativo es un seguimiento de proyectos que se da por parte del Ministerio de Hacienda a ciertos congresistas, en pro de qué: de un relacionamiento y una gobernabilidad. Hay tres condiciones específicas para que se pueda hacer seguimiento: la autorización explícita, el monto y el camino. Esto genera gobernabilidad que se ve materializada en cuórum y votaciones» – María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda
La situación podría impactar la confianza en las instituciones y activar debates sobre la integridad en la contratación pública y el gobierno corporativo dentro de la administración. Aunque la investigación continúa, la Corte Suprema ha mantenido en libertad a los seis congresistas investigados mientras se esclarecen los hechos.
