Desde La Veintitrés Manizales informamos que en Nueva York el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por 12 meses la Misión de Verificación en Colombia mediante la resolución 2798, aprobada el 31 de octubre de 2025 con 13 votos a favor y abstenciones de Estados Unidos y Rusia. La extensión mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, pero excluye explícitamente el monitoreo del Capítulo Étnico y la supervisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y se aplica en Colombia a través de la Misión de Verificación.
El excanciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ha subrayado que durante su gestión el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la renovación del mandato con todas sus funciones, incluido el Capítulo Étnico y las sanciones de la JEP, y advirtió que romper ese consenso representa un retroceso para la paz y la credibilidad de la diplomacia colombiana ante la comunidad internacional. Murillo ha insistido en que cada decisión de la ONU debe fortalecer la presencia internacional en las zonas más afectadas por la violencia y sostiene que la verificación internacional no es un detalle técnico sino la garantía de que las comunidades afectadas, incluidos los pueblos étnicos, tengan voz y acompañamiento en la implementación del acuerdo de 2016.
La extensión llega con recortes a funciones de verificación
Según la resolución 2798, la extensión por 12 meses de la Misión de Verificación se da en un marco en el que se observa el desarrollo de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, pero sin la supervisión del Capítulo Étnico ni del monitoreo de la JEP, lo que ha generado reacciones entre exfuncionarios y sectores de la sociedad civil. La votación dejó en claro un nuevo equilibrio en la presencia internacional: 13 votos a favor y abstenciones de Estados Unidos y Rusia, mientras que la Misión seguirá operando en Colombia para vigilar áreas y compromisos no vinculados a esas dos dimensiones.
«No es un detalle técnico o un mero trámite burocrático» – Luis Gilberto Murillo
«Durante mi gestión como Canciller logramos mantener por unanimidad el consenso del Consejo de Seguridad de la ONU y renovar el mandato de la Misión de Verificación en Colombia con todos sus alcances: incluyendo el Capítulo Étnico y las sanciones de la JEP. Ese consenso era símbolo de confianza de la comunidad internacional en Colombia» – Luis Gilberto Murillo
«Romper hoy ese consenso es un retroceso preocupante. La paz de Colombia se construye con diplomacia, resultados y credibilidad, no con improvisación. Cada decisión en la @ONU_es debe fortalecer la presencia internacional en nuestros territorios más afectados por la violencia» – Luis Gilberto Murillo
«La verificación internacional no es un detalle técnico o un mero trámite burocrático: es la garantía de que las comunidades más afectadas por la guerra, incluidos los pueblos étnicos, tengan voz, confianza y acompañamiento en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Excluir estos elementos debilita la base misma de la política de paz en Colombia y amenaza los avances en justicia, verdad y reparación que hemos logrado con esfuerzo durante estos años» – Luis Gilberto Murillo
«Colombia debe recuperar liderazgo, confianza y unidad frente al mundo. Ese es mi compromiso: una paz basada en hechos, sin impunidad, centrada en las víctimas, en las comunidades étnicas y campesinas más afectadas por el conflicto y con un respaldo internacional firme y duradero» – Luis Gilberto Murillo
En síntesis, la ONU extiende su Misión de Verificación en Colombia, pero con restricciones que excluyen el Capítulo Étnico y la JEP, una decisión que no solo modifica el alcance de la verificación internacional sino que también calcula el pulso de la confianza internacional en el proceso de paz colombiano. Este giro llega en un momento en que la presencia internacional en zonas afectadas por la violencia es vista por analistas y sectores civiles como un componente esencial para avanzar en justicia, verdad y reparación, y generó un intenso debate sobre si la diplomacia global debe privilegiar la continuidad de las funciones plenas o aceptar recortes que podrían marcar un nuevo rumbo para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
