A los 30 años, Álvaro Gómez Hurtado pasa a la JEP; familia cuestiona Fiscalía, Bogotá.

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A 30 años del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el expediente del caso quedó en la órbita de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la familia cuestiona la actuación de la Fiscalía. La cobertura de La Veintitrés Manizales señala que el hecho se conmemora este 2 de noviembre de 2025, cuando se recuerda el homicidio ocurrido el 2 de noviembre de 1995, a las 10:20 de la mañana. En un acto celebrado en la Universidad Sergio Arboleda, institución que Gómez Hurtado cofundó y que representa un hito central en su biografía pública como referente del conservadurismo colombiano, se analizan las aristas de una investigación que continúa generando cuestionamientos.

Enrique Gómez Hurtado, exaspirante a la presidencia y hermano de Álvaro Gómez Hurtado, ha insistido en que el crimen permanece impune y que las teorías que circularon en su momento han sido desmentidas como montajes. Según la información difundida, el expediente pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz tras una revisión realizada por múltiples fiscales. En ese marco, se mencionan compulsas de copias por presunto falso testimonio de testigos sin rostro promovidos por la propia Fiscalía, de las cuales once habrían prescrito. Se señala además la absolución del coronel Bernardo Ruiz, quien fuera comandante de la Brigada XX de Inteligencia Militar, en relación con el homicidio, y se mantiene la evaluación de diferentes hipótesis investigativas que, históricamente, se han vinculado a los órdenes denominados Cazadores, Bogotá y Sincelejo, las cuales la familia interpreta como montajes.

Conmemoración y dudas persistentes sobre la investigación

Los elementos disponibles sitúan el acto conmemorativo en la Universidad Sergio Arboleda, con la difusión de intervenciones de Enrique Gómez Hurtado y la presencia de diversos actores que buscan dar continuidad a la demanda de verdad. Se reitera que el expediente ha sido objeto de una revisión exhaustiva por parte de la fiscalía, que concluyó con su remisión a la JEP, en un contexto en el que se señala la existencia de irregularidades y la falta de sanciones por información falsa. En ese marco, se destacan las cifras que acompañan el caso: treinta años desde el asesinato; el hecho ocurrido el 2 de noviembre de 1995; la hora de la muerte, registrada a las 10:20 de la mañana; y la noticia de que hubo trece imputados detenidos, de los cuales uno fue condenado y doce exonerados. Además, se registraron once compulsas de copias por falso testimonio y el fallo que absolvió al coronel Ruiz, sumando a la narrativa de que las hipótesis de investigación siguen siendo materia de debate público.

«Su crimen sigue impune» – Enrique Gómez Hurtado

«hace 30 años fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado y su crimen sigue impune. Las teorías que se tejieron en su momento, se ha determinado, son un montaje» – Enrique Gómez Hurtado

«Como lo dije antes, hubo once compulsas de copias por falso testimonio de testigos promovidos en la justicia sin rostro por la misma Fiscalía. Todas esas compulsas prescribieron. Y finalmente, el Tribunal Superior de Bogotá exoneró de manera contundente al coronel Bernardo Ruiz, quien había sido comandante de la Brigada veinte de Inteligencia Militar y había sido vinculado al homicidio de Álvaro Gómez» – Enrique Gómez Hurtado

«Tribunal que declaró sin fundamento la imputación en la apelación presentada por la Fiscalía y señaló que esas hipótesis —la de Cazadores, la de Bogotá y la de Sincelejo— fueron y siguen siendo un montaje de la Fiscalía» – Enrique Gómez Hurtado

Álvaro Gómez Hurtado fue, a lo largo de su vida, un destacado líder conservador, senador, tres veces candidato a la presidencia y opositor del gobierno de Ernesto Samper; desempeñó un papel influyente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y fue cofundador de la Universidad Sergio Arboleda. La noticia de hoy, además de conmemorar el aniversario, está marcada por el traslado del caso a la JEP y por la persistencia de dudas sobre la gestión de la Fiscalía y la ausencia de sanciones por información falsa. El impacto de estas circunstancias se traduce en la necesidad de confianza en las instituciones y en una memoria histórica que continúa profundizándose en un país que busca respuestas definitivas sobre un crimen que, para muchos, sigue sin resolverse de forma satisfactoria.

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