En Santa Marta, la Policía Nacional, a través de su División de Control Operativo, y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, DIAN, seccion Santa Marta, ejecutaron una operación conjunta que culminó con la aprehensión de más de 10.000 unidades de mercancía extranjera sin documentación y un avalúo cercano a 340 millones de pesos. La fecha exacta del operativo no se especifica en el material proporcionado. Los productos fueron localizados en locales y puestos informales de la ciudad y quedaron a disposición de las autoridades para su procesamiento legal.
El hallazgo se enmarca en un esfuerzo sostenido para combatir el contrabando y proteger la economía formal, especialmente en la región Caribe, que históricamente registra la incidencia más alta del país en este fenómeno. Antecedentes señalan que el contrabando, entre cigarrillos, licores y cervezas, representa el 69% de la incidencia nacional, lo que subraya la importancia de operaciones como esta para frenar la apertura de mercados informales y las posibles consecuencias en la salud pública.
Operación conjunta y su eje en Plan Caribe 2025
La acción fue ejecutada por la División de Control Operativo de la Policía Nacional y la DIAN, seccional Santa Marta, con el objetivo de aprehender mercancía de procedencia extranjera sin documentación y garantizar la disposición legal de los productos encontrados; la carga incautada tenía un valor aproximado de 340 millones de pesos y consistía en más de 10.000 unidades, entre ellas 3.421 confecciones, 1.420 artículos de juguetería, 485 pares de zapatos, 105 productos de perfumería y 6.055 accesorios tecnológicos, principalmente protectores de celular y adaptadores USB; la mayor parte de estos productos eran accesorios para celulares.
«No hay declaraciones textuales disponibles en el material proporcionado.»
Este golpe al contrabando se alinea con el Plan Caribe 2025, una estrategia integral liderada por la Federación Nacional de Departamentos con la cooperación de la Armada Nacional, la Policía Fiscal Aduanera y las gobernaciones, cuyo objetivo es cerrar paso a las mafias contrabandistas y reducir las pérdidas en los departamentos afectados —La Guajira, Cesar, Magdalena y Bolívar—, donde se estiman pérdidas financieras superiores a 300.000 millones de pesos anuales. Esta acción fortalece la coordinación entre las entidades y protege la economía formal y la salud pública de los consumidores.
