El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una cuenta regresiva en el Congreso para aprobar la reforma tributaria que busca recaudar 16,3 billones de pesos y financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026. El trámite se concentra en la Comisión Tercera de la Cámara, donde el equipo de trabajo ha designado a once congresistas para conducir la iniciativa: Wilmer Castellanos, coordinador y presidente de la Comisión Tercera; Saray Robayo, coordinadora; Jorge Bastidas, coordinador; Kelyn González, coordinadora; y Carlos Arturo Vallejo, coordinador; mientras que Diógenes Quintero, Katherine Miranda, Ángela María Vergara, Carlos Alberto Cuenca, María Elamar Pizarro y Olmes de Jesús Echeverría integran el grupo de ponentes. La reforma propone recaudar 16,3 billones de pesos para el PGN 2026 y debe superar cuatro debates y recibir la sanción presidencial antes del 16 de diciembre; de no alcanzarse en el periodo ordinario, se contempla la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias.
El proceso se mantiene activo desde el primero de noviembre de 2025 y la fecha límite para presentar la ponencia está fijada para el 15 de noviembre de 2025, con el periodo ordinario vigente hasta el 16 de diciembre de 2025. En la Comisión Tercera, las reglas para la aprobación contemplan entre 12 y 18 sesiones ordinarias restantes en 2025, un calendario de 231 días hasta el 20 de junio de 2026, 124 días del próximo semestre y entre 48 y 72 jornadas efectivas. El objetivo es corregir el déficit heredado por la caída de la ley de financiamiento de 12 billones de pesos en diciembre de 2024 y financiar el PGN 2026; a lo largo del trámite presupuestal, el monto de recaudo se redujo de 26 billones a 16,3 billones, lo que ha sido motivo de debate en la arena política.
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Antecedentes: la reforma fue presentada el 1 de septiembre de 2025; el proyecto original preveía recaudar 26 billones y, tras el trámite presupuestal, quedó fijado en 16,3 billones. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advierte que si no se aprueba, ese monto podría congelarse y afectar la ejecución de políticas públicas. El periodo legislativo actual se mantiene activo con la esperanza de avanzar en los cuatro debates requeridos y de lograr la sanción presidencial antes del cierre del año, mientras actores críticos advierten que la modificación fiscal podría afectar la carga tributaria, incidir en precios y erosionar la inversión en sectores productivos.
«altamente inconveniente por varios motivos» – Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia
«Afecta, y el principal, el bolsillo de los colombianos. Está afectando con el IVA bienes de consumo. Además, aumentando el impuesto a los combustibles, lo que aumentará los costos de transporte y, por supuesto, de muchos bienes de consumo de las personas más vulnerables económicamente» – Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia
«Todo el sector productivo del país debe solicitar a las comisiones económicas de Cámara y Senado negar la reforma tributaria del gobierno que acaba con la inversión, aumenta el costo de vida, destruye el sector extractivo y nos condena al estancamiento económico» – Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda
En síntesis, la reforma tributaria está en una fase decisiva. Las próximas jornadas definirán si el Congreso logra consolidar los 16,3 billones de recaudo para el PGN 2026 y si la Casa de Nariño puede sellar la sanción en el plazo establecido, o si, en cambio, la discusión se dilata con posibles efectos sobre precios, inversión y la estrategia de financiamiento de las políticas públicas para el año entrante.
