En un hecho que sacude la escena política y la confianza institucional, la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, declaró ante la Corte Suprema de Justicia la existencia de un esquema de reparto de contratos de la UNGRD a cambio de respaldo político en el Congreso, conocido popularmente como la fórmula 20-20-20-10-10-10. La revelación se inscribe en el marco del caso conocido como el escándalo de la UNGRD y llega en un momento en que la Corte amplía las investigaciones, con el testimonio de Benavides brindando una reconstrucción detallada de la mecánica de la gobernabilidad en el Congreso y las presuntas presiones para asegurar apoyos en votaciones. La declaración, que se originó en una secuencia de hechos vinculados a un desayuno celebrado el 4 de octubre de 2023 durante la interparlamentaria y se ha llevado ante la Corte Suprema de Justicia, involucra a figuras como Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Andrea Ramírez, jefa de Benavides, además de varios congresistas, senadores y magistrados, así como a la Fiscalía.
Benavides detalla que el esquema se articuló mediante la distribución de cupos indicativos para proyectos regionales como moneda de cambio, utilizando la UNGRD y el Invías como vehículos institucionales y comunicándose a través de plataformas como WhatsApp y Signal. En el marco de la operación, se asignaron cupos por persona: 20 para Wadith Manzur, 20 para la senadora Liliana Bitar, 20 para el representante Julián Peinado; 10 para la representante Karen Manrique, 10 para el representante Juan Diego Muñoz y 10 para el representante John Freddy Núñez. En paralelo, se señalaron tres obras específicas con montos significativos: Cotorra, en Córdoba, con 50.000 millones de pesos; El Salado, en Bolívar, con 12.300 millones; y Saravena, en Arauca, con 30.000 millones. En total, la suma señalada supera los 92.000 millones de pesos, distribuyéndose así contratos para obtener respaldo político en fases clave de la gestión ante el Congreso.
El contexto y las implicaciones de la declaración
Este testimonio se da en un momento en el que el caso de la UNGRD ha repercutido en la esfera pública por señalamientos de compra de votos en el Congreso y por las relaciones entre integrantes del Ejecutivo y legisladores. Según la narrativa presentada ante la Corte, la dinámica de gobernabilidad que permitió avanzar la agenda gubernamental se apoya, presuntamente, en la asignación de cupos indicativos y en el intercambio de contratos de emergencia para asegurar apoyos en votaciones cruciales, un ecosistema que, según Benavides, dependía de la aprobación de la ministra o del ministro de Hacienda y buscaba garantizar la viabilidad de proyectos regionales a cambio de respaldos políticos. En este marco, la investigación está dirigida por el magistrado Misael Rodríguez, quien ha tomado el caso contra los congresistas mencionados, y la Fiscalía acompaña los actos de diligencia asociados a las declaraciones y a las pruebas que surjan de estas diligencias.
«Ellos me dijeron que le pasara la información de que eran 20 para el representante Wadith Manzur, 20 para la senadora Liliana Bitar, 20 para el representante Julián Peinado; 10 para la representante Karen Manrique, 10 para el representante Juan Diego Muñoz y, si el ministro lo consideraba pertinente, 10 para el representante John Freddy Núñez» — María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda
La declaración de Benavides no solo arroja luz sobre la mecánica de la denominada gobernabilidad en el Congreso, sino que también señala un entramado de comunicaciones y coordinaciones entre actores del nivel ejecutivo y parlamentario, descritas como necesarias para avanzar en una agenda de gobierno. Entre las piezas del rompecabezas se mencionan indicaciones claras sobre la forma en que se distribuyeron los cupos indicativos y cómo estos se trasladaron a través de mensajes a distintos representantes y senadores, con ejemplos explícitos de envíos por WhatsApp y señales a través de la aplicación Signal a figuras como Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo y Karen Manrique, entre otros. Benavides sostuvo que los parlamentarios no votaban si no se les otorgaban los cupos, una afirmación que, de ser corroborada, podría cuestionar la independencia de las decisiones legislativas a partir de incentivos vinculados a contratos de emergencia.
El caso, que reabre debates sobre la transparencia institucional y el equilibrio de poderes, mantiene en el centro de la atención a los actores involucrados, entre los que figuran la exministra o exministro de Hacienda, los congresistas citados, la senadora Liliana Bitar, y otros funcionarios y magistrados, mientras la Fiscalía y la Corte continúan con la revisión de pruebas y testimonios. Este proceso tiene el potencial de reconfigurar la percepción pública sobre la gobernabilidad en Colombia y plantarse como un punto de inflexión para la forma en que se manejan las contrataciones en emergencias y la relación entre gestión de riesgos, presupuesto y representación parlamentaria, con posibles efectos en la gobernanza y en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
