En un giro relevante para la vigilancia de los recursos públicos de la región, la Procuraduría formuló cargos contra el exgobernador del Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, quien ejerció el cargo entre 2020 y 2023, y contra la extesorera General Vanessa Tatiana Rivera Samboní, por presunta omisión en el control y vigilancia de los recursos del Fondo Territorial de Pensiones de la gobernación. La formulación de cargos involucró a dos funcionarios en este caso, y aunque no se especificó la fecha exacta, se advierte que no se implementaron acciones para proteger los fondos, lo que podría haber facilitado desvíos o sustracciones de recursos de la cuenta del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación. En este avance, la clasificación provisional es de falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa explicó que, frente al posible comportamiento de los funcionarios, podrían haberse presentado fraudes por desvío o sustracción de recursos de la cuenta del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación. El Ministerio Público indicó que Rosero Peña y Rivera Samboní habrían vulnerado los principios de moralidad, eficacia, eficiencia y celeridad, por lo que de forma provisional se calificó su conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La formulación de cargos eleva el escrutinio sobre la gestión de pensiones regionales
Contexto y antecedentes: la investigación se centra en la gestión de los recursos del Fondo Territorial de Pensiones de la gobernación. Se han señalado posibles fraudes por desvío o sustracción, y la noticia llega en un momento en que el proceso disciplinario continúa y la autoridad competente insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control. Entre los datos relevantes, el periodo de mandato del exgobernador es 2020-2023 y se citó a dos funcionarios en este caso, con una clasificación provisional de falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. Este marco se enmarca además en procesos previos que han puesto bajo la lupa la gestión de la región y su capacidad de rendir cuentas ante la ciudadanía.
«La Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa señaló que por el posible comportamiento de los funcionarios se pudieron concretar situaciones fraudulentas del desvío o sustracción de recursos de la cuenta del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación», detalló la Procuraduría.
«Por estos hechos, el Ministerio Público estableció que tanto Rosero Peña como Rivera Samboní habrían vulnerado el cumplimiento que debían darle a los principios de moralidad, eficacia, eficiencia y celeridad, por lo que de manera provisional calificó su presunta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima», aseveró el órgano de control.
Entre los datos secundarios, la Fiscalía ya procesó en 2020 al gobernador Rosero Peña por irregularidades en la adquisición de 10 ambulancias por 3.460 millones de pesos para atención de Covid-19 (Contrato Nº 547, 1 de abril de 2020; adjudicación a Carrocería Innovas SAS; posible sobrecosto de 1.064 millones; documentos justificativos generados el 22 de mayo de 2020). Se solicitó detención preventiva y se formularon cargos por peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documento público; la calificación y las medidas estuvieron vinculadas a la gestión de recursos estatales durante la emergencia sanitaria. También se señalan otros cargos contra funcionarios departamentales y el representante legal de Carrocerías Innovas SAS; Rosero Peña es señalado como el segundo gobernador de Putumayo en enfrentar un proceso ante la Corte Suprema de Justicia en los últimos años.
Este caso pone de relieve el riesgo que implica la mala gestión y la falta de controles sobre los recursos públicos, con posibles efectos en la prestación de servicios en Putumayo, mientras avanza el proceso disciplinario y se fortalecen las medidas de supervisión sobre los fondos de pensiones de las entidades territoriales.
