El desalojo de ocupantes de la hacienda Japio, ubicada entre Caloto y Santander de Quilichao, Cauca, Colombia, desató este 2 de noviembre choques entre fuerzas de seguridad y comunidades indígenas, y encendió la preocupación por la destrucción de una reserva natural de Bosque Seco Tropical. La intervención, a cargo del Ejército Nacional, la Policía y Undmo, se llevó a cabo bajo una orden judicial para restituir la propiedad privada a sus dueños legítimos, y se ejecutó en una zona de ocupación que supera los dos años por comunidades Paeces.
Este despacho de La Veintitrés Manizales da cuenta de que la intervención buscaba restituir condiciones ambientales y de propiedad, pero también dejó al descubierto tensiones entre propietarios y comunidades indígenas en un territorio con vocación de ecoturismo y protección de un ecosistema crítico. En 2023 Japio fue reconocida como Reserva Natural de la Sociedad Civil, con una superficie de 465,21 hectáreas destinada a la conservación del Bosque Seco Tropical, un ecosistema prácticamente extinto en Colombia, reconocimiento que ha sido destacado por la FAO e el Instituto Humboldt.
La disputa por Japio, una reserva en tensión
La historia de Japio se remonta a 2004, momento en el que se acentuó la disputa por la hacienda y se registraron desalojos previos, junto con reclamaciones de territorio ancestral por parte de los Paeces. A nivel ambiental, la reserva presenta una vocación de ecoturismo, educación e investigación, y cuenta con un plan de manejo ambiental vigente. Sus cifras son reveladoras: la reserva abarca 465,21 hectáreas; la zonificación de Parques Nacionales Naturales de Colombia se reparte en 36,43% para conservación estricta, 51,09% para amortiguación, 4,87% para restauración y 4,38% para usos sostenibles. La fauna mencionada incluye nutria, armadillo, múltiples aves, murciélagos y reptiles, y se registran 74 especies vegetales nativas. Además, menos del 5% del ecosistema cuenta con respaldo oficial en Colombia, lo que subraya la fragilidad de su protección. La ocupación de la reserva se mantuvo desde 2022, superando ya los dos años. El expediente ha puesto en relieve la compleja relación entre derechos de propiedad y derechos territoriales de las comunidades indígenas, en un contexto donde la reserva cuenta con vocación de conservación y desarrollo sostenible.
«Hoy queremos expresar nuestro rechazo enérgico, ya que fue evidente, en medio de un operativo de la fuerza pública, la destrucción de la reserva natural de la hacienda Japio, un santuario que conserva uno de los últimos vestigios del bosque seco tropical, un ecosistema prácticamente extinto en Colombia» – Isabela Victoria Rojas, directora ejecutiva, SAG
«El cuento es que aquí el indígena daña la reserva y miren como nos han enseñado a cuidar la naturaleza, cuidar la reserva, esto no está dañado, lo hemos cuidado durante estos años…» – Testimonio recabado por El País
«Solicitamos a las autoridades ambientales, judiciales y, por supuesto, a todas las demás autoridades competentes, continuar con ese compromiso de acciones efectivas y sostenidas que logren garantizar la protección integral de esta reserva natural y sancionar a quienes atenten contra ella. Proteger Japio es nuestro futuro, nuestra historia y la esperanza de un país que aún puede reconciliarse con la naturaleza» – Isabela Victoria Rojas, directora ejecutiva, SAG
Desde la perspectiva institucional, la reserva Japio, reconocida en 2023 como reserva natural de la sociedad civil, representa un caso emblemático de conservación de bosques tropicales y evidencia la tensión entre derechos de propiedad y derechos de territorio ancestral. Organismos de derechos humanos y autoridades ambientales trabajan para evitar una escalada y para garantizar la protección de la reserva, al tiempo que se buscan mecanismos que permitan la restitución de la propiedad de forma compatible con la preservación ambiental y el desarrollo sostenible de la región.
