Un informe elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) dentro de la iniciativa Colombia Progresa 2630 de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señala que la fragmentación normativa y las exigencias crecientes limitan la productividad y la competitividad del sector empresarial colombiano. El documento, elaborado como parte de un análisis orientado a identificar obstáculos para la formalización y el crecimiento de las MiPymes, plantea medidas para reducir las rigideces regulatorias y fomentar un entorno más favorable para la formalización y la expansión de las empresas en el país.
El estudio subraya que la dispersión normativa surge de la coexistencia de diversas leyes y decretos, lo que genera duplicidad de esfuerzos, falta de coherencia institucional y dificultades de coordinación. En ese marco, el CPC propone acciones para simplificar trámites y reducir las barreras, haciendo énfasis en la necesidad de flexibilizar el marco regulatorio para el emprendimiento formal. El análisis incorpora referencias al Decreto 045 de 2024, que modifica las tarifas del registro mercantil y que entrará en vigor en 2025, además de instaurar un nuevo esquema de cobro basado en activos ordinarios; también establece la renovación anual del registro mercantil incluso cuando no existan cambios materiales que reportar, una medida que, señalan, genera inseguridad jurídica y mayores cargas administrativas para las MiPymes.
Propuestas para reducir rigideces y promover la formalización
Entre los datos clave, el informe señala que para agosto de 2025 el 84,8% de las personas que trabajan en microempresas eran informales, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Paralelamente, el Instituto de Mercados, Inversiones y Empresariado (IMIE) indica que el 88,4% de micronegocios permanecen informales frente a la renovación del registro mercantil. Estas cifras ilustran una economía colombiana con una marcada dependencia de la informalidad y subrayan la urgencia de acciones para facilitar la formalización y el crecimiento de las MiPymes. Confecámaras aporta información sobre la dinámica de creación de empresas, aunque el material analizado no ofrece datos numéricos detallados, lo que evidencia la necesidad de una coordinación más efectiva entre entidades para impulsar el clima de negocios.
Las propuestas del CPC, que serán presentadas en la Asamblea General de ANIF el 6 de noviembre de 2025, buscan reducir las rigideces regulatorias y mejorar el entorno para el desarrollo empresarial. En ese sentido, el informe sostiene que la economía colombiana depende en gran medida de la informalidad y que la dispersión normativa dificulta la formalización y la planificación de crecimiento, dos elementos centrales para elevar la productividad y la competitividad del país.
El contexto general indica que, si bien existen esfuerzos institucionales para simplificar trámites, la coexistencia de múltiples marcos normativos y la actualización constante de normativas continúan complicando la labor de las MiPymes. Aunque Confecámaras aporta información sobre la dinámica de creación de empresas, el material analizado no detalla cifras específicas, lo que resalta la necesidad de contar con datos más consistentes para medir el impacto de las reformas. En conjunto, el CPC propone un conjunto de medidas orientadas a disminuir la rigidez del marco regulatorio y a crear condiciones más favorables para la formalización y el crecimiento sostenido de las MiPymes.
El Decreto 045 de 2024, que introduce un esquema de cobro por activos ordinarios y modifica las tarifas del registro mercantil, entrará en vigor en 2025. Desde la perspectiva de sus responsables, estas modificaciones buscan optimizar la recaudación y modernizar el proceso registral, pero acarrean debates sobre seguridad jurídica y carga administrativa para las MiPymes, sobre todo para aquellas que operan en sectores con mayor informalidad. En este marco, las propuestas del CPC buscan acompañar estos cambios con medidas complementarias que simplifiquen trámites y faciliten la transición de lo informal a lo formal, con miras a que la formalización se convierta en una opción viable y sostenible para las empresas colombianas durante 2025 y los años siguientes.
