El Concejo de Bogotá abrió un debate de control político sobre el déficit del SITP, atribuido por sus impulsores a subsidios estatales y a la opacidad contractual, y propuso una reforma estructural del sistema para fortalecer la operación pública. La convocatoria fue gestionada por la concejala Heidy Lorena Sánchez Barreto, de la Unión Patriótica, y reunió en el Recinto Los Comuneros a la gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, así como a representantes sindicales de Sintramacol, Sinaltradema y otros actores, con un análisis que abarcó el periodo 2022-2024.
Durante la sesión, los ponentes destacaron que el déficit es estructural y que la actual arquitectura contractual expone al Estado a asumir subsidios y riesgos, mientras que los concesionarios obtienen rentabilidad. Se planteó una discusión pública sobre reformas que contemplen publicar costos y utilidades, renegociar contratos para limitar la rentabilidad privada y orientar los ahorros obtenidos a subsidios y mejoras laborales, con el objetivo de fortalecer la operación pública.
Debate sobre el déficit del SITP y reformas necesarias
Entre 2022 y 2024, los ingresos superaron los 14,5 billones de pesos, con una rentabilidad promedio del 1%. En la Fase IV, la rentabilidad neta fue del 13%, mientras que en las Fases III y V se registraron pérdidas. El costo total de subsidios para el periodo alcanzó 269.184 millones de pesos. El Fondo de Estabilización Tarifaria, conocido como FET, acumula 17,4 billones desde 2000, y el costo total acumulado del sistema asciende a 45,3 billones. El SITP emplea a unas 30.000 personas, y las tarifas en estratos 1, 2 y 3 consumen hasta el 16,5% de los ingresos destinados al transporte, frente al 5,3% en el estrato 6. Tres grandes sociedades controlan cerca del 60% de los contratos de operación troncales y zonales. Bogotá cuenta con 1.485 autobuses eléctricos y más de 15.000 conductores formalizados, con la cobertura extendida al municipio de Soacha desde 2022. La gerente de TransMilenio defendió que las adjudicaciones han sido competitivas y señaló que el Fondo de Estabilización Tarifaria funciona como subsidio para garantizar el acceso, especialmente para la población de bajos recursos. Los sindicatos expresaron preocupaciones sobre inversión, seguridad, condiciones laborales y calidad del servicio, y solicitaron reformas para la sostenibilidad y la transparencia. También se destacó la incorporación de tecnologías limpias (Euro VI y flotas eléctricas) y la disponibilidad de cobertura total desde 2022, incluyendo Soacha.
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Se anticipa que la discusión genere medidas para evitar posibles alzas de tarifas en estratos bajos y para aumentar la supervisión de subsidios y contratos, intensificando la transparencia y el control público sobre un sistema que ha sido objeto de debate constante desde el inicio de la década, con el foco puesto en una transición más sostenible y equitativa para la ciudad.
