En un choque público que coloca a la memoria histórica en la mira del debate político, la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial, criticó a Gustavo Petro por sus comentarios sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz y afirmó que el M-19 fue responsable del asalto al Palacio de Justicia en los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Las declaraciones, difundidas a través de publicaciones en la red social X, fueron interpretadas por Cabal como una defensa de la verdad histórica y un rechazo a las versiones que, a su juicio, buscan distorsionar lo ocurrido en aquella jornada.
La dirigente insiste en que Petro no debe pretender reescribir la historia criminal del M-19, al que atribuye pertenencia y responsabilidad en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia. Bajo ese marco, Cabal responsabilizó directamente al grupo guerrillero por el asalto al Palacio de Justicia ese 6 y 7 de noviembre de 1985, y sostuvo que ese día la Sala Constitucional debatía la exequibilidad de la extradición a los Estados Unidos. Este país tiene memoria, afirmó, para subrayar la necesidad de mantener viva la registro fiel de los hechos.
El hecho histórico dejó más de 110 fallecidos y se extendió durante 28 horas, con Manuel Gaona Cruz entre los rehenes y, según diversas fuentes, fallecido durante el asalto. Testimonios de sobrevivientes como Gabriel Salom y Jorge Reina, junto a fallos de la Corte Suprema y a la Comisión de la Verdad, sostienen que Gaona fue ejecutado por guerrilleros del M-19. Los informes forenses señalan también que las balas que acabaron con su vida provinieron de armas del M-19, un conjunto de indicios que, según Cabal, debe constar en la memoria oficial sin lugares para la ambigüedad. En este marco, el debate contemporáneo se enmarca en la polarización política y en la conmemoración de los 40 años de la toma, que aún genera confrontaciones sobre propaganda y memoria histórica.
La memoria histórica en la frontera entre verdad y narrativa política
El pulso entre versiones judiciales, forenses y políticas continúa alimentando la discusión sobre cómo recordar y enseñar lo sucedido en la toma del Palacio de Justicia. En época de conmemoraciones, las referencias a los hechos de 1985, la responsabilidad del M-19 y la muerte de Gaona Cruz ocupan un lugar central en la agenda pública, con repercusiones que trascienden el plano jurídico y llegan a la estrategia electoral y a las lecturas históricas que se enseñan a las nuevas generaciones.
«Petro no pretenda reescribir la historia criminal del M-19, grupo terrorista al que perteneció» – María Fernanda Cabal
«Fue esa guerrilla la responsable del asalto al Palacio de Justicia ese 6 y 7 de noviembre de 1985. Atacaron el Palacio porque ese día la Sala Constitucional debatía la exequibilidad de la extradición a los Estados Unidos. Este país tiene memoria.» – María Fernanda Cabal
Desde La Veintitrés Manizales, la cobertura de este episodio y su resonancia en la opinión pública se mantiene atento a las voces de los protagonistas y a las decisiones institucionales. En paralelo, Mauricio Gaona, hijo del magistrado, advirtió sobre la propaganda que intenta distorsionar la memoria de su padre, mientras que las versiones de sobrevivientes y de instituciones como la Corte Suprema y la Comisión de la Verdad sostienen la versión de que Gaona fue ejecutado por los guerrilleros del M-19. Los hallazgos de forenses sobre el origen de las balas reforzan esta narrativa, en un contexto en el que la memoria histórica se debate con intensidad ante la próxima conmemoración de los cuarenta años de la toma.
