En la madrugada del lunes 3 de noviembre de 2025, Ernesto Macías, expresidente del Congreso, cuestionó públicamente la evidente disparidad entre las recompensas anunciadas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y las que supuestamente se destinan a otros casos de seguridad, al señalar que se ofrecen hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los autores del atentado en Suárez, Cauca, frente a hasta 1.000 millones por información relacionada con amenazas y drones vinculados al ministro del Interior, Armando Benedetti. El reclamo se hizo público mediante una publicación en la red social X, desde donde Macías ha mantenido una férrea oposición ante la gestión de orden público en el país, justo tras el atentado que dejó víctimas mortales y daños materiales en la localidad.
El hecho que originó la controversia ocurrió la madrugada del 3 de noviembre y está vinculado al atentado con un carro bomba cerca de la estación de Policía de Suárez, que dejó dos civiles muertos y una menor de edad herida, además de daños materiales y señalamientos sobre posibles drones utilizados en el hecho. En medio de la conmoción, el ministro Sánchez anunció la recompensa de 200 millones de pesos por la captura de los responsables, mientras que esa misma jornada la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre el tema. En días previos, Benedetti había denunciado amenazas a su residencia y la posible presencia de drones alrededor de su entorno, lo que desencadenó una intensa discusión sobre la orientación de las políticas de seguridad y las recompensas.
Contexto y reacciones ante la discrepancia de montos
La diferencia entre los montos de recompensa ha generado un debate político y social sobre las prioridades del Estado en materia de seguridad. En el relato de los hechos, el atentado de Suárez ha sido atribuido al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y se considera un indicio de debilitamiento de la seguridad en el Cauca que exige respuestas contundentes. En este contexto, la discusión sobre recompensas no solo busca capturar a los responsables inmediatos, sino también enviar un mensaje de disuasión frente a nuevas agresiones y amenazas a líderes sociales y políticos, así como a sus familias. Las reacciones en redes sociales, tanto de apoyos como de críticas, han alimentado un amplio debate sobre la efectividad de estas herramientas de seguridad y su impacto en la percepción pública de la política de Estado.
“Después del atentado criminal en Suárez que deja víctimas mortales y una niña herida, el @mindefensa ofrece $200 millones por la captura de los autores; mientras que ofreció $1.000 millones, por los responsables del vuelo de drones que vio Benedetti en sus alucinaciones”, afirmó Macías en cuenta de X, desde la cual ha ejercido una férrea oposición frente a grave situación de orden público en el país.
“Los terroristas que atentaron contra la población de Suárez, Cauca, caerán muy pronto. Hasta $200 millones de pesos de recompensa por información que nos permita anticiparnos efectivamente de atentados terroristas”, fue el anuncio del ministro Sánchez, frente a un hecho del que se pronunció, incluso, la vicepresidenta Francia Márquez.
“La amenaza denunciada por el ministro @AABenedetti está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública. Ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”, expresó Sánchez.
En resumen, la discusión apunta a una necesidad de claridad sobre la política de recompensas y la asignación de recursos para la seguridad, mientras el país continúa observando reforzamientos en la presencia militar y policial en Cauca para garantizar el control de la situación y proteger a la población. Francia Márquez, la vicepresidenta, ha estado involucrada en las declaraciones públicas, intentando aportar un marco claro frente a las denuncias de Benedetti sobre amenazas a su residencia y la supuesta vigilancia mediante drones, aspectos que, según los analistas, podrían influir en la percepción de la gestión institucional ante la coyuntura de seguridad.
El debate, que se mantiene vivo en la opinión pública, podría marcar un pulso entre las posiciones políticas sobre el alcance de las recompensas y la forma en que el Estado debe enfrentar la violencia y las amenazas contra figuras de influencia. Mientras tanto, la respuesta institucional continúa enfatizando el uso estratégico de las recompensas como una herramienta para anticipar y evitar atentados, y se espera un seguimiento cercano a los acontecimientos en Suárez, así como a las investigaciones sobre las acusaciones y las presuntas amenazas vinculadas a Benedetti y su residencia.
