La ONU prorrogó el mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta octubre de 2026, pero excluyó la verificación de las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y el seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. En medio de este escenario, Rodrigo Londoño Echeverri, exlíder de las FARC y actual director del partido Comunes, envió una carta al presidente Gustavo Petro proponiendo acciones conjuntas para revisar el mandato y garantizar la implementación íntegra del Acuerdo de Paz.
La resolución fue adoptada por la ONU en Nueva York y mantiene la mayor parte de las funciones de la Misión de Verificación, pero establece claramente que las verificaciones de las sanciones de la JEP y del Capítulo Étnico no formarán parte de su mandato. Es la primera ocasión en ocho años en que la adopción de una resolución relacionada con Colombia no cuenta con el apoyo unánime, ya que Estados Unidos y Rusia se abstuvieron. Desde Colombia, Londoño transmitió al presidente Petro la idea de revisar el mandato para reforzar la verificación y asegurar la implementación íntegra del Acuerdo, incluso a través de acuerdos de carácter conjunto entre el Gobierno y el primer movimiento político surgido de las antiguas filas guerrilleras.
Contexto y alcance de la prórroga
Antecedentes: el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado y las FARC establece, como parte de sus mecanismos, la verificación de sanciones y de la implementación del Capítulo Étnico, con una cooperación activa de una Misión de Verificación de las Naciones Unidas. En la práctica, la JEP se halla en una fase sancionatoria que requiere, a juicio de algunos actores, una autoridad internacional que supervise su cumplimiento, y el Capítulo Étnico exige observación para garantizar que las medidas de reparación y verdad lleguen a las comunidades afectadas. Con la nueva resolución, esas dimensiones quedan fuera, lo que ha generado inquietud entre sectores que defienden una verificación integral del Acuerdo. Este contexto explica la carta de Londoño al jefe de Estado, en la que propone acciones conjuntas para revisar el mandato y garantizar su implementación íntegra.
«Nos congratulamos por la resolución donde se reafirma el compromiso de apoyar a Colombia en el establecimiento de la paz, la justicia y la seguridad, rescatando el valor y la importancia del Acuerdo firmado entre el Estado y la insurgencia, reconociendo los logros alcanzados y señalando los retos que tenemos a futuro para superar los factores estructurales que estimulan la conflictividad»
— Rodrigo Londoño Echeverri, exlíder de las FARC y actual director de Comunes
«Lamentamos que el componente de justicia para la paz y el Capítulo Étnico ya no serán verificados por la Misión, precisamente en momentos en que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha entrado en la etapa sancionatoria y su aplicación requiere de una autoridad y mecanismo internacional que verifique su cumplimiento»
— Rodrigo Londoño Echeverri, exlíder de las FARC y actual director de Comunes
«El mandato del Acuerdo sobre el punto de Justicia designa ‘el mecanismo internacional que apoye al Tribunal para la Paz en las tareas de verificación del cumplimiento de las sanciones previsto en el numeral 62, que será un componente específico de la Misión Política de verificación de las Naciones Unidas’»
— Rodrigo Londoño Echeverri, exlíder de las FARC y actual director de Comunes
«con el fin de que esta pueda apoyar al Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz en las tareas de verificación de las sanciones denominadas propias que esta profiera»
— Rodrigo Londoño Echeverri, exlíder de las FARC y actual director de Comunes
«Consideramos que este componente es fundamental para el éxito de un Acuerdo que ha sido considerado hito mundial, y ejemplo a seguir en la resolución pacífica de conflictos. En este momento crucial no nos puede faltar el aliento y el apoyo internacional»
— Rodrigo Londoño Echeverri, exlíder de las FARC y actual director de Comunes
En el marco práctico de la decisión, se mantiene la vigencia de la Misión de Verificación en Colombia, pero sin la responsabilidad de vigilar las sanciones de la JEP ni de supervisar el Capítulo Étnico, lo que ha reavivado el debate sobre el papel de la comunidad internacional en la justicia transicional. La carta de Londoño al presidente Petro propone, entonces, que el Gobierno y Comunes busquen mecanismos de cooperación con la ONU para garantizar que, pese a las exclusiones, se preserve la posibilidad de verificar la implementación del Acuerdo y afrontar los retos pendientes de justicia y reparación en las comunidades afectadas.
Con este movimiento, la ONU mantiene una presión constante sobre el proceso de paz y abre una vía para posibles gestiones orientadas a ampliar el mandato, si así se acuerda entre las partes, de modo que la evaluación de sanciones y el seguimiento al Capítulo Étnico no queden desatendidos en el marco de la verificación internacional.
