La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, alista una reducción de entre 33% y 45% en el componente de Comercialización de la tarifa eléctrica en Colombia, una medida que podría traducirse en facturas más bajas para los usuarios y, al mismo tiempo, afectar de forma significativa los ingresos de las empresas por más de un billón de pesos anuales.
El debate se centra en ajustar la estructura tarifaria mediante un recorte específico del costo asociado a la Comercialización, una modificación que algunos actores señalan podría repercutir directamente en los recibos de los usuarios y, a su vez, presionar la liquidez de los prestadores si no hay financiamiento público o mecanismos de mitigación. Asocodis, gremio que agrupa a 21 empresas comercializadoras y distribuidoras, alerta sobre las consecuencias para el sector y para la solvencia de firmas, especialmente las de menor tamaño.
Según el análisis de Asocodis, la reducción del C afectaría de manera importante a todos los comercializadores, pero tendría un impacto desproporcionado sobre las empresas pequeñas y aquellas que no cuentan con solidez financiera; de las 21 compañías, siete ya muestran caídas de ingresos superiores al 30%. En el sector persiste una cartera por recuperar cercana a 6 billones de pesos y, sumado a subsidios por 2,1 billones y saldos de la opción tarifaria por 2,6 billones, la tensiones financieras se acumulan. Adicionalmente, las deudas de usuarios oficiales suman 1,3 billones de pesos y la deuda asociada a subsidios crece cerca de 300.000 millones de pesos cada mes; para diciembre, la deuda total podría acercarse a los 7 billones de pesos.
Para el usuario típico del estrato 1 en la zona AIR-e, el ahorro en la factura podría situarse en torno a los 2.400 pesos mensuales, aunque la reducción de ingresos para AIR-e estaría alrededor del 35%. En la región Chocó, a través de DISPAC, se estima una caída de ingresos de unas 6.500 pesos para las empresas y un incremento de la factura de aproximadamente 74.000 pesos, es decir, un aumento cercano al 140% si no se logra un financiamiento adecuado de subsidios.
Impacto económico y riesgo para el sector
Antecedentes señalan que el sector eléctrico opera con una cartera por recuperar y subsidios no cubiertos, lo que ya genera fragilidad financiera y coloca en tensión la continuidad del servicio. Este contexto explica por qué la Creg mira con lupa la modificación de la estructura tarifaria: una reducción del componente de Comercialización podría trasladarse al costo de subsidios si no hay financiamiento público, con el riesgo de volver inviables a muchos prestadores y de comprometer la prestación del servicio para usuarios en todo el país.
«esto afecta de manera importante a todos los comercializadores, pero mucho más a las empresas pequeñas y a las que no tienen una solidez financiera». – José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis
«Sin duda alguna se vulnera el debido proceso y se atenta contra las garantías de las empresas. Este tema ha sido estudiado y enviado a la Creg a través de un concepto de un asesor jurídico con amplia experiencia en estos temas regulatorios». – José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis
Desde el ángulo jurídico, Asocodis también señala que la reducción mediante circular no se ajusta a las disposiciones legales para actos tarifarios de carácter particular y podría derivar en nulidades y recursos administrativos. Observaciones adicionales advierten que la deuda y los subsidios en curso podrían empeorar la liquidez del sector y amenazar la continuidad del servicio si no se mitigan los impactos.
En resumen, la medida podría alterar el costo de la electricidad para millones de hogares y empresas, con la posibilidad de trasladar parte del peso a los subsidios si no se garantiza financiamiento público. La Creg continuará evaluando los términos de la modificación y las estrategias de mitigación para evitar afectar la prestación del servicio y la viabilidad de las empresas del sector.
