La Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional desde abril de 2024, intensifica la crisis de atención y la deuda con hospitales de Antioquia, dejando a pacientes sin atención oportuna. Entre ellos figura Ofelia González, una mujer de 89 años, cuyo caso ilustra retrasos en citas y en la entrega de medicamentos, mientras que su nieto Esteban Vanegas advierte que alrededor de 200 personas de la Nueva EPS esperan atención, incluso desde municipios del oriente y norte de Antioquia, una situación que coincide con un aumento de tutelas y desacatos en la prestación de servicios, según informes de la Personería de Medellín.
Los datos disponibles con corte a junio de 2025, junto con la alerta de la Personería de Medellín el 23 de octubre, revelan un panorama financieramente crudo: la deuda de la red pública hospitalaria de Medellín supera los 9.518 millones de pesos y la cartera de la red privada asciende a 115.132 millones; los pasivos combinados entre Nueva EPS y Savia Salud superan 1,9 billones de pesos y la cartera total de la red privada en su conjunto se acerca a los 3 billones. Siete hospitales públicos tenían deudas en septiembre por 60.000 millones, mientras la deuda de IPS Promedan (Clínica Fundadores del Centro) alcanza 19.000 millones y la de Clínica Somer, en Rionegro, 100.000 millones. En el cálculo global, el alcalde de Medellín reporta una deuda total de 169.831 millones entre varias EPS intervenidas. En los hospitales de mayor complejidad, la ocupación alcanza el 200% en Pablo Tobón Uribe y el 180% en San Vicente Fundación, lo que eleva el riesgo de inestabilidad operativa. Martha Cecilia Ramírez, Secretaria de Salud de Antioquia, define esa narrativa como una “pandemia de iliquidez en el sistema, causada por decisiones improvisadas del Gobierno Nacional”.
La crisis se agrava en la red hospitalaria de Antioquia y provoca respuestas institucionales
Ante la mirada de la opinión pública, los antecedentes señalan que la intervención de Nueva EPS, iniciada en 2024, ha sido seguida por un repunte de tutelas y desacatos que afectan directamente la prestación de servicios. Por qué es noticia en este momento radica en el incremento sostenido de deudas y en las restricciones que empiezan a afectar clínicas y hospitales, con suspensiones de servicios y una ocupación hospitalaria que desborda la capacidad instalada. El impacto se traduce en caídas de la capacidad de atención, demoras en tratamientos y un posible efecto adverso en la continuidad laboral del personal de salud; la red de Medellín está en alerta ante el riesgo de desestabilidad de proveedores y servicios. En respuesta institucional, la Alcaldía de Medellín presentó una acción popular contra el Gobierno Nacional y un juez ordenó coordinar medidas entre Adres y la Superintendencia Nacional de Salud para aliviar la deuda, aunque para Ramírez esas órdenes podrían haber caído en saco roto.
“¿Eso era lo que querían? ¿Sembrar caos y generar una grave crisis en el sistema de salud?” — Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín
En medio de este panorama, los actores del sector señalan que la situación de la Nueva EPS afecta directamente el derecho fundamental a la salud de poblaciones vulnerables, como adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, una realidad que refuerza el diagnóstico de una crisis sistémica cuyo origen se atribuye a decisiones improvisadas del Gobierno Nacional y a la presión financiera que exige el sostén de una red de atención que hoy se ve desbordada por la deuda y la interrupción de servicios.
