Desde La Veintitrés Manizales, se reporta que la Comisión Primera del Senado dio luz verde a un proyecto de ley que impediría que familiares cercanos de gobernadores o alcaldes aspiren a una curul en el Congreso. La iniciativa cuenta con la firma del senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal, acompañado por Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre y precandidato presidencial. Aunque la fecha exacta no se especifica en el material, el objetivo es definir, en próximos debates, el alcance y los grados de parentesco cubiertos, dejando claro que el primer grado de consanguinidad o afinidad —cónyuges, padres, hijos y hermanos— quedaría fuera de las candidaturas.
El trámite parece avanzar de forma acelerada. El proyecto fue presentado y aprobado en la Comisión Primera y, según lo indicado, pasará al segundo debate para su discusión en plenaria. Los impulsores sostienen que la medida busca evitar conflictos de interés y posibles concentraciones de poder, frenar la influencia de mandatarios locales en campañas legislativas y preservar la independencia de las ramas del poder.
Definición de alcance y posibles efectos institucionales
El texto propone que, de aprobarse, impediría candidaturas al Senado y a la Cámara de Representantes para familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad de alcaldes o gobernadores en ejercicio durante el periodo siguiente a la finalización de su administración; este detalle, junto con el alcance del concepto de parentesco, será objeto de debates adicionales. Este planteamiento podría enfrentar dilemas constitucionales, pues juristas consultados por W Radio advierten posibles cuestionamientos sobre una restricción que podría considerarse desproporcionada respecto al derecho a ser elegido. Defensores de la iniciativa sostienen que se trata de una medida preventiva para fortalecer la transparencia en la política, sin atacar a las familias ni a las personas, sino a la influencia de intereses personales en las decisiones públicas.
«Hoy vemos cómo el Ejecutivo rompe con el equilibrio y se apodera del Legislativo usando el poder de la contratación pública. Para nadie es un secreto que varios candidatos al Senado están poniendo familiares en cargos y violando la ley» – Alejandro Chacón, Senador
«Antes pasaba con uno o dos casos, ahora ocurre en casi todos los departamentos: Pereira, Santander, Antioquia, Córdoba. El Congreso debe actuar» – Alejandro Chacón, Senador
«Es inconveniente, porque hay hermanos que no se llevan bien, que militan en partidos distintos o que tienen liderazgos autónomos. Que un hermano le quite los derechos a otro es injusto» – Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre y precandidato presidencial
«Si un mandatario quiere manipular los recursos públicos, lo hará a través de cualquier persona de su equipo. Este proyecto no resuelve el problema» – Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre y precandidato presidencial
«No estamos atacando a las familias ni a las personas. Lo que buscamos es que las decisiones políticas no se contaminen con intereses personales o familiares» – Alejandro Chacón, Senador
«El país no necesita más vetos, sino más educación política y más institucionalidad. Este tipo de proyectos terminan castigando a quienes nada tienen que ver con los abusos de poder» – Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre y precandidato presidencial
El contexto necesario para entender la noticia muestra un debate histórico dentro del liberalismo sobre ética pública y límites de la representación, con la discusión actual centrada en la pertinencia de la propuesta. La Comisión Primera dio su visto bueno, pero se esperan argumentos de constitucionalidad y posibles cuestionamientos; en todo caso, la iniciativa podría cambiar la dinámica electoral al impedir candidaturas al Senado y a la Cámara para parientes cercanos de gobernantes en ejercicio durante el periodo siguiente a sus gestiones, lo que, de aprobarse, abriría un nuevo frente en la relación entre poder local y poder legislativo.
En el plano de los datos secundarios, juristas consultados por W Radio advierten posibles cuestionamientos constitucionales, al interpretarse la propuesta como una restricción desproporcionada del derecho a ser elegido. Defensores de la medida sostienen que se trata de una estrategia preventiva para preservar la transparencia en la política, y sostienen que, pese a los cuestionamientos, el objetivo es fortalecer la institucionalidad para evitar que intereses familiares o personales contaminen las decisiones públicas.
