La defensa de Nicolás Petro Burgos solicitó formalmente celebrar las audiencias del proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en formato virtual, alegando impedimentos financieros y de seguridad derivados de su inclusión en la lista Clinton. Las audiencias están programadas para los días 4 y 5 de noviembre en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, y la defensa sostiene que Petro podría participar desde Bogotá si se autoriza la modalidad remota, dado que la continuidad de las diligencias en la ciudad de Barranquilla podría exponerlo a riesgos y obstáculos logísticos. La audiencia se reanuda este martes a las 9:00 de la mañana, según el cronograma presentado por las partes.
El abogado defensor, Alejandro Carranza, afirmó que el bloqueo total de las cuentas de su patrocinado, resultado de la inclusión en la mencionada lista, impide incluso la compra de tiquetes aéreos o el acceso a servicios financieros básicos. En paralelo, la defensa solicitó la revisión de los beneficios judiciales otorgados a Day Vásquez, exesposa y testigo, como parte de una estrategia para mitigar las condiciones que podrían afectar el desarrollo del proceso. En este marco, la viabilidad de la participación virtual depende de la decisión del juez sobre la viabilidad de esta modalidad para salvaguardar la debida defensa.
En cuanto a las cifras relevantes, el caso menciona que se habrían recibido más de mil millones de pesos entre 2020 y 2022 procedentes de fuentes no declaradas, y que parte de esos recursos habría financiado campañas políticas en el Atlántico. El expediente sitúa al proceso dentro de las figuras de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, aunque la defensa sostiene que los fondos eran préstamos personales, no dineros de prestación ilícita para fines electorales o de otro tipo.
Antecedentes y contexto narran que Nicolás Petro Burgos es hijo del presidente Gustavo Petro y enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos; la fiscal Luz Laborde lidera la acusación y se ha documentado movilidad de fondos entre 2020 y 2022 que la defensa califica como ingresos no declarados. ¿Por qué es noticia ahora? Porque la defensa presentó elementos nuevos, como la inclusión en la lista Clinton y consideraciones de seguridad, que podrían modificar la modalidad de la audiencia y abrir la puerta a una prueba de mayor alcance si se autoriza la virtualidad. El juez Hugo Carbonó Ariza debe decidir si habilita la participación remota, una decisión que podría afectar la admisión de pruebas y la dinámica del proceso en esta fase preparatoria.
La modalidad propuesta podría influir en qué pruebas se admiten y cuáles quedan fuera del juicio oral, según la interpretación de las partes durante la audiencia. Si el juez concede la participación virtual, la forma en que se presentan y valoran los elementos probatorios quedará sujeta a la decisión judicial en curso, y se definirá la frontera entre lo admitido y lo excluido en esta etapa previa al debate oral.
En los datos secundarios, se confirmó que Carranza estará presente físicamente en la sala y que también impulsará la revisión de los beneficios judiciales otorgados a Day Vásquez. En paralelo, exescolta Jorge Luis Santiago Charris, vinculado presuntamente al Clan del Golfo, fue detenido, y el entorno de seguridad del caso ha sido objeto de debate público. El expediente menciona al empresario Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca como una de las personas referenciadas en el marco del caso. Nicolás Petro habría trasladado su residencia de Barranquilla a Bogotá por motivos de seguridad; Blu Radio indicó que atenderá la audiencia de manera virtual desde la capital. Este cúmulo de elementos subraya la volatilidad y la sensibilidad de un caso que mantiene la atención de la opinión pública y de los tribunales a la espera de una definición judicial.
«La inclusión de Nicolás en la lista Clinton ha generado el bloqueo total de sus cuentas, lo que impide la compra de tiquetes aéreos o el acceso a cualquier servicio financiero” – Alejandro Carranza, abogado
«Los últimos acontecimientos muestran que hay factores externos que amenazan la seguridad de mi defendido. No podemos ignorar el contexto de riesgo en el que se encuentra” – Alejandro Carranza, abogado
La decisión que tome el juez Hugo Carbonó Ariza en torno a la viabilidad de la participación virtual podría modificar la dinámica de la audiencia y el alcance de las pruebas permitidas, una cuestión que, en esta etapa preparatoria, se convierte en un factor determinante para el desarrollo del juicio oral y para la definición de qué evidencias permanecerán en el debate público.
