La noticia que llega este 4 de noviembre en la mañana tiene como eje central la denuncia de la Congresista María del Mar Pizarro sobre la presunta negligencia de las autoridades al no solicitar videos de seguridad del Before Club para identificar al segundo agresor relacionado con el crimen de Jaime Esteban Moreno. Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, señala que el bar es administrado por Andrés Solano Bautista, su pareja sentimental, y que la titularidad del local es del 100 por ciento. Según su versión, las autoridades no han pedido ese material, lo que mantiene libre al segundo agresor y agrava la incertidumbre en la investigación porque podría haber servido para identificar a quien salió del lugar junto a los jóvenes involucrados, a pocas cuadras del establecimiento.
La noticia se enmarca en el contexto del crimen de Jaime Esteban Moreno, cuyo caso ha despertado cuestionamientos sobre la celeridad de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Los hechos se registraron a pocas cuadras del Before Club, en el marco de la fiesta denominada «Relaja La Pelvis: Villains», y el grupo de Moreno estaba compuesto por 15 personas. En los datos secundarios se detalla que el segundo agresor es de nacionalidad venezolana y, entre las descripciones recogidas, se menciona una figura de orejas de conejo de color negro, pantalón y camiseta con una inscripción en el frente de color azul. Todo ello refuerza la tesis de que la investigación podría avanzar con la revisión del material de cámaras cercano al lugar de los hechos, a unas cuatro cuadras del bar.
La presión por usar material de cámaras para avanzar en la investigación
En la narrativa de esta historia, la propietaria y administradora del Before Club, junto con Pizarro, sostienen que el material de cámaras podría acelerar la identificación del segundo agresor y fortalecer la línea de investigación. Aseguran que nadie ha pedido formalmente ese material y que por ello se vieron obligados a acercarse a las autoridades para entregar las pruebas y solicitar su revisión. Este giro añade una nueva capa de presión política sobre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que ya trabajan en el caso y que ahora enfrentan un escrutinio público por la transparencia del proceso.
“Yo quisiera decir que nos solidarizamos con la familia de Jaime Esteban. Queremos darle nuestro más profundo pésame a sus amigos, a su familia y a la comunidad universitaria. Nosotros desde que esos jóvenes estuvieron en el bar y que conocimos de los eventos que pasaron a pocas cuadras (cuatro) cuando ellos salieron del bar, nos pusimos a buscar el material en las cámaras para ver con quién había salido”, inició su intervención Pizarro.
“Nosotros llevamos desde el jueves esperando a que las autoridades, la alcaldía, la Fiscalía, vayan a requerir esta información, pero no ha sido posible y nos tocó a nosotros acercarnos a los entes para qué, para decirles: ‘Venga, nosotros tenemos este material, por favor, úsenlo en la investigación’.”
— María del Mar Pizarro, Congresista
La repercusión de estas declaraciones se inscribe en un esfuerzo por transparentar la investigación y asegurar que todas las evidencias pertinentes se obtengan y analicen. El caso continúa vivo, con el segundo agresor aún libre y descrito como venezolano, mientras la comunidad universitaria y los familiares de Jaime Esteban Moreno esperan respuestas más rápidas y claras de las autoridades para que se haga justicia y se fortalezca la prevención de este tipo de incidentes en la ciudad.
