El Gobierno de Gustavo Petro impulsa una reforma tributaria destinada a recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, que suma 546,9 billones. La ponencia para el primer debate está prevista para las dos primeras semanas de noviembre, y el equipo encargado de presentar la ponencia fue designado el 31 de octubre. El calendario establece un plazo máximo de 15 días para entregar el informe y, si se llega al límite, el debate se programaría para la semana del 18 de noviembre, con cinco semanas de sesiones que se extenderían hasta el 16 de diciembre.
Entre los actores involucrados figuran el Gobierno de Gustavo Petro, su viceministro de Hacienda Carlos Betancourt y el ministro Germán Ávila, junto a agrupaciones como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Prolicores y Bruce Mac Master, presidente de la Andi. En lo sustantivo, la reforma contempla un recorte de 10 billones respecto a la propuesta inicial, mantiene impuestos existentes como patrimonio, renta y tributos ambientales, y preserva gravámenes sobre el sector financiero, pero propone excluir del IVA a la cerveza y a la gasolina, e introducir un IVA para importados de hasta 19 por ciento.
Contexto y alcance de la reforma
La iniciativa se inscribe en un proceso legislativo de reforma tributaria que busca financiar el Presupuesto General de la Nación 2026 y mantener la inversión y la senda de la regla fiscal, aunque enfrenta un calendario acelerado y resistencia de varios partidos y congresistas a nuevos gravámenes. En el plano práctico, si la reforma no obtiene aprobación dentro del periodo vigente, podría retomarse en febrero de 2026, con la entrada en vigor potencialmente retrasada hasta 2027. En términos de gasto público, se proyecta que, si el PGN se ejecuta, 358,1 billones se asignarían al funcionamiento del Estado, 100,4 billones al servicio de la deuda y 88,4 billones a inversión, configurando un reparto que refleja prioridades como servicios y cumplimiento de obligaciones financieras, a la par que se busca sostener la inversión necesaria para el crecimiento.
El sector licorero aparecerá como uno de los campos sensibles de la discusión, dado que el incremento de impuestos sobre licores destilados podría generar efectos en el consumo y en la economía de bares, hoteles y restaurantes, además de afectar el turismo y la hostelería. En el plano empresarial, la propuesta ha generado preocupación por el tamaño del gasto público y su impacto en la competitividad y los costos logísticos. En el aspecto fiscal, los analistas señalan que los recursos tributarios resultan indispensables para ajustar las finanzas públicas y cumplir la regla fiscal durante el mandato, aun cuando exista la posibilidad de efectos redistributivos y de comportamiento en la inversión y el ahorro.
«Nosotros estamos listos para la presentación y la discusión que sea necesaria. Estamos en los tiempos normales, recuerden que hace poco se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026. No hay motivos de alarma de que haya una demora particularmente especial» – Carlos Betancourt, viceministro de Hacienda
De acuerdo con las declaraciones de los actores, la reforma busca un equilibrio entre recaudo y estructura de los impuestos para evitar desincentivos a la inversión, claro que con el aumento de ciertos gravámenes a amplios sectores, incluido el consumo de licor, se esperan reacciones de diversos sectores. Autores como Anif han advertido que algunas propuestas previas al recorte podrían haber reducido incentivos al ahorro y la inversión, y que modificaciones de tasas para determinados sectores podrían ocasionar impactos fiscales adversos si no se calibran adecuadamente.
En síntesis, la discusión en el Congreso se mantiene abierta ante la necesidad de consolidar consensos y acelerar el proceso, ante un objetivo de recaudo de 16,3 billones de pesos y la meta de sostener la rentabilidad fiscal sin fracturar el consumo ni la inversión productiva. La entrada en vigor de la reforma, de confirmarse su aprobación dentro del periodo presupuestal, sería coherente con la construcción de una senda de gasto que priorice servicios básicos, deuda y inversión en un marco de responsabilidad fiscal que asegure la continuidad de la inversión y la estabilidad macroeconómica.
