La concejala de Bogotá Heidy Sánchez presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra la senadora María Fernanda Cabal por declaraciones que, según Sánchez, desconocen fallos internacionales y afectan la memoria de las víctimas de la Unión Patriótica. La denuncia, fechada el 4 de noviembre de 2025 y presentada ante la Procuraduría en Bogotá, Colombia, se apoya en un documento firmado y en la Ley 1828 de 2017 para solicitar una investigación disciplinaria contra Cabal tras considerarlas negacionistas de la UP.
La denunciante argumenta que las expresiones de Cabal contradicen sentencias y principios internacionales, además de la memoria de las víctimas, al poner en tela de juicio la responsabilidad estatal en el exterminio de la Unión Patriótica y al desconocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos citada por Sánchez, la cual fue respaldada por fallos del Consejo de Estado. En su escrito, Sánchez insiste en que las palabras de la senadora tienen un impacto directo en la comprensión pública de la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
La denuncia ante la Procuraduría y el marco legal utilizado
El documento, cuyo objetivo central es lograr una investigación disciplinaria conforme a la Ley 1828 de 2017, sitúa el caso dentro de un marco de antecedentes que reconoce la responsabilidad estatal en estos crímenes por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la sentencia más reciente citada el 14 de julio de 2022. Este contexto legal e judicial se utiliza para sostener la necesidad de que el Estado rinda cuentas y de que las personas en cargos públicos asuman una responsabilidad con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, sin normalizar discursos que puedan revictimizar a la Unión Patriótica.
«Lo primero que debería hacer la senadora María Fernanda Cabal es pedir excusas públicas a las víctimas y sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, teniendo en cuenta que desconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos» – Heidy Sánchez, concejala de Bogotá
«Lo mínimo es que la senadora se retracte, y pues ella y su partido, que ya en varias oportunidades este mismo año se han dedicado a revictimizar a la Unión Patriótica, y además que ella pretende ser candidata presidencial y pues lo mínimo es que en respeto a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no normalice lo que podría llegarse a ver incluso como una justificación, si se quiere, de un genocidio político en contra de un partido político» – Heidy Sánchez, concejala de Bogotá
«Lo primero es que es importante que el Estado pueda dar a conocer el fallo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las principales órdenes que debe cumplir el Estado colombiano. Dos, es importante que las personas que se encuentran en cargos de elección popular y personas que se encuentran asumiendo cargos de libre nombramiento y remoción o que tienen un amplio reconocimiento en el país, asuman como tal una responsabilidad con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en nuestro país. Que mensajes como esto lo que hacen es revvictimizar y, sobre todo, naturalizar o normalizar el hecho de que en este país haya ocurrido un genocidio político, un genocidio en contra de un partido político que debería ser rechazar a un unísono» – Heidy Sánchez, concejala de Bogotá
Además, integrantes de la Unión Patriótica respaldan la petición y solicitan acompañamiento institucional y traslado del caso al despacho del procurador Eljach para su estudio, señalando que la situación requiere una revisión detallada por las autoridades competentes y una respuesta clara sobre la posible existencia de faltas disciplinarias según la norma vigente.
Contextualmente, la noticia se presenta en un marco en el que la responsabilidad del Estado frente a crímenes de ese periodo ha sido reconocida por la Corte IDH y por fallos del Consejo de Estado, con la sentencia más reciente citada en julio de 2022. La queja llega en un momento en que se proyecta un escrutinio público sobre el uso de narrativas políticas que podrían revictimizar a víctimas y generar debates sobre la memoria histórica y las garantías para evitar que hechos como el genocidio político se normalicen en el escenario político nacional.
En síntesis, la Procuraduría analizará si las expresiones de Cabal podrían constituir faltas disciplinarias bajo la Ley 1828 de 2017, con un asunto que ya fue trasladado al despacho del procurador Eljach para su estudio. Este episodio, que cuenta con el respaldo de sectores de la UP, abre un nuevo frente de debate sobre la responsabilidad de los actores políticos frente a la memoria de las víctimas y el cumplimiento de sentencias internacionales que señalan responsabilidades del Estado.
