La Contraloría General de la República emitió una nueva advertencia formal dirigida al presidente Gustavo Petro y al ministro de Energía Edwin Palama, advirtiendo sobre un riesgo inminente de racionamiento de gas y energía en Colombia y señalando que las condiciones de criticidad se han agudizado, según una carta formal fechada el 7 de noviembre de 2024.
La advertencia llega después de que la CGR identificara, en su diagnóstico, cuatro riesgos energéticos que no han recibido las medidas de mitigación necesarias y que, en el último año, han mostrado un agravamiento evidente en cuanto a seguridad y confiabilidad del suministro. Este pronunciamiento oficial llega en un momento de tensión fiscal y tarifaria para el sector, con posibles impactos para usuarios subsidiados y para la dinámica presupuestal del país, además de presionar la capacidad de suministro ante escenarios de mayor demanda y precios elevados de la energía.
Advertencia formal apunta a impactos fiscales y de suministro
Entre los elementos citados por la CGR está una serie de indicadores que, según el documento, amplían el riesgo de desabastecimiento si no se implementan medidas de mitigación. Aunque la reserva de gas para los próximos siete años, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se mantiene como un horizonte definido, existen señales de fragilidad en la financiación de subsidios y en la estructura de importación que podrían aumentar la presión tarifaria para los hogares más vulnerables. En ese marco, la deuda por subsidios a servicios públicos hasta septiembre de 2025 asciende a 3,64 billones de pesos, de los cuales 0,76 billones ya fueron pagados y la deuda acumulada se ubica en aproximadamente 2,88 billones, con un saldo pendiente cercano al 70 por ciento. Paralelamente, el desfinanciamiento del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles se aproxima a 100 billones de pesos en un plazo de 15 años, un condicionante que complicaría el pago de subsidios ante escenarios de mayores importaciones a precios por encima del gas nacional.
La CGR también señala la necesidad de incorporar aproximadamente 200 gigavatios hora/día de capacidad de importación hacia finales de 2026 para cubrir al menos tres meses, frente a una oferta interna que no basta para atender la demanda prevista. El déficit proyectado de gas natural, además, podría aparecer a partir del primer trimestre de 2029 como resultado de la declinación natural de los campos productores actuales. En paralelo, la capacidad de importación requerirá una nueva oferta nacional o capacidades adicionales de importación hacia finales de 2026 para soportar periodos de alta demanda, con una mirada especial a la expansión de la Regasificadora de Cartagena para enfrentar aumentos de la necesidad de importación.
En el plano de gobernanza y transición energética, la CGR destaca la falta de avances desde principios de 2025 y la necesidad de un plan concreto de transición y de proyectos asociados que consoliden la seguridad hídrico-térmica y las renovables, al tiempo que se refuerzan las interconexiones regionales y las políticas de eficiencia y diversificación de fuentes. Todo ello cobra especial relevancia ante la decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, una política que, según el análisis, podría acentuar la dependencia de importaciones y presionar aún más las tarifas si no se acompaña de estrategias de mitigación adecuadas.
«Debo acudir nuevamente a esa cartera ministerial para expresar la preocupación de la Contraloría General de la República en torno a la seguridad y confiabilidad energética del país», expreso el funcionario en la misiva. – Carlos Hernán Rodríguez, contralor General de la República
«La presión sobre las tarifas, producto del incremento en el componente de suministro, originado por el mayor precio de la molécula importada, hace necesario disponer de recursos adicionales en el Presupuesto General de la Nación para atender el pago de subsidios, sin que se disponga de los ingresos adicionales suficientes», advirtió Rodríguez en la comunicación. – Carlos Hernán Rodríguez, contralor General de la República
Ante este panorama, los analistas señalan que la advertencia de la CGR no solo alinea preocupaciones fiscales y tarifarias, sino que también ubica a Colombia ante la necesidad de ajustar su marco de suministro, inversión en infraestructura y estrategias de diversificación de fuentes para evitar un desabastecimiento o incrementos desproporcionados en las tarifas. En el contexto político y económico actual, la carta de la CGR funciona como un llamado a la acción para prevenir escenarios que podrían afectar a millones de usuarios y al equilibrio presupuestal nacional, mientras se exploran rutas hacia una mayor resiliencia energética basada en hidroeléctricas, térmicas y renovables, junto con interconexiones regionales y políticas de eficiencia.
