Desde La Veintitrés Manizales, este corresponsal informa que el senador de la oposición Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, denunció ante la opinión pública el incumplimiento del Gobierno de Gustavo Petro en materia de agua potable, amparándose en un informe de la Contraloría General de la República que señala que más de cinco millones de colombianos no tienen acceso a agua potable. Motoa comunicó a través de publicaciones en redes sociales y al reproducir el informe que, pese a promesas hechas durante la campaña y a la inclusión del tema en el Plan Nacional de Desarrollo, los avances han sido prácticamente nulos, con especial énfasis en el Pacífico, La Guajira y Santa Marta.
Según el reporte y las publicaciones del senador, el panorama es de inequidad regional y de un rezago estructural que persiste. El informe destaca que más de cinco millones de colombianos no acceden a agua potable; doce millones y medio no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,7 millones carecen del servicio de recolección de basuras. Entre 1993 y 2024, la cobertura de acueducto urbano creció 3,2 por ciento, la de alcantarillado 11,8 por ciento y la de recolección de basuras 16,1 por ciento; para 2024 la brecha urbano-rural en acueducto es del 36 por ciento, en alcantarillado del 78,4 por ciento y en aseo del 67,5 por ciento. En la Amazonía la cobertura es de 46,8 por ciento frente al 93,6 por ciento de la Región Andina, lo que evidencia inequidades regionales profundas en el acceso a estos servicios.
La contienda política y el estado de la inversión en agua
El debate va más allá de las cifras operativas. En el marco de antecedentes, la Ungrd en La Guajira ha estado en el centro de un escándalo de carrotanques y sobrecostos, mientras que la Contraloría y las auditorías señalan irregularidades que afectan la ejecución de proyectos de agua y saneamiento. A 18 de septiembre de 2025, la ejecución presupuestal registra apenas un 23% de la inversión; en lo que respecta a agua, saneamiento y manejo de residuos, la ejecución alcanza el 22%. El Gobierno plantea un recorte del 53% en recursos de inversión destinados a agua, saneamiento y gestión de residuos para 2026, reduciendo el presupuesto de 1,5 billones de pesos en 2025 a 0,7 billones en 2026. En cuanto a capacidades técnicas, 684 plantas de tratamiento fueron evaluadas y solo el 39% operan efectivamente. Las auditorías SG Participaciones (2020-2025) suman 40 auditorías con 137 hallazgos por 75.515 millones de pesos; las auditorías a Planes Departamentales de Agua muestran 71 auditorías y 231 hallazgos por 197.053 millones. Las regalías financian 174 proyectos valuados en 1,1 billones de pesos, con hallazgos por 170.664 millones y un total de hallazgos por más de 443.232 millones. En La Guajira y el resto del país, testimonios como los de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la Ungrd, y Olmedo López señalan que el contrato de carrotanques formó parte de un entramado de corrupción para sobornar a congresistas a cambio de apoyo a reformas gubernamentales.
«En campaña, Petro prometió que el agua y su suministro serían protagónicos si era elegido presidente. Tanto así, que la primera tarea que le encargó a la vicepresidenta Francia Márquez era proveer al Pacífico y poco después incluyó al resto del país en su Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, pasados varios años y faltando meses para terminar el Gobierno del ‘Cambio’ no lograron nada», denuncia Motoa en sus redes.
Con la agravante de lo que indica la Contraloría, Motoa afirmó que, al compartir los reportes de prensa que muestran cómo se promocionó esta iniciativa por parte del Gobierno, no se han registrado avances significativos en este ámbito.
Estas denuncias buscan ejercer presión política para acelerar inversiones y ejecución en agua y saneamiento. Con las proyecciones de recortes presupuestales para 2026, que reducirían los recursos de inversión para agua, saneamiento y gestión de residuos de 1,5 billones de pesos en 2025 a 0,7 billones en 2026, el panorama podría empeorar si no se adoptan medidas urgentes para cerrar la brecha entre urbano y rural y asegurar el suministro en comunidades aisladas, como las del Pacífico, La Guajira y Santa Marta.
