En Bogotá, el Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías ordenó a la Fundación Universitaria San José entregar en un plazo de 48 horas la información académica de Juliana Guerrero, aspirante a viceministra de Juventudes, al considerar que los certificados y actas solicitados pueden entenderse como información de carácter público y, por tanto, permiten un control político y la verificación de su idoneidad para responsabilidades de alto nivel en el Gobierno nacional. Esta notificación, que llega a través de una resolución judicial, fue reportada por La Veintitrés Manizales desde su oficina de cobertura en la capital del país.
La solicitud fue presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza el 29 de agosto de 2025. La Fundación San José respondió de forma evasiva, lo que motivó que el fallo se emitiera el 31 de octubre de 2025 y ordenara la entrega de la documentación en 48 horas. Entre los documentos solicitados figuran los títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, así como las actas de grado de Guerrero, esenciales para verificar la habilitación profesional. En el marco de estas fechas, la prueba Saber Pro está programada para el 8 de noviembre de 2025, lo que amplifica la relevancia de la transparencia en este proceso de verificación.
La transparencia como eje en las designaciones de alto nivel
El fallo subraya que los documentos académicos y las actas de grado pueden considerarse públicos cuando habilitan el ejercicio profesional, reforzando la demanda de transparencia en las designaciones de alto nivel dentro del Gobierno. En paralelo, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó a la Universidad Industrial de Santander entregar información sobre contratos de prestación de servicios con Guerrero Jiménez, con el objetivo de detallar los criterios de selección bajo el Contrato Interadministrativo 2402 de 2023 entre el Ministerio del Interior y la UIS, lo que señala una línea de investigación sobre méritos y títulos en el sector público y la necesidad de claridad en las contrataciones estatales.
«La información solicitada tiene que ver con una figura pública, como la (aspirante a) viceministra de Juventud, y resulta necesaria para ejercer un control político y público efectivo sobre la idoneidad de quienes asumen responsabilidades de alto nivel en el Gobierno nacional» – El fallo, Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá
«Es inadmisible tener que acudir a la justicia para poder hacer control político, pero este fallo demuestra que estamos actuando en defensa del mérito y la verdad» – Jennifer Pedraza, Representante a la Cámara
En este contexto, la cobertura de La Veintitrés Manizales seguirá de cerca los avances de este caso y su impacto en la transparencia de las candidaturas que buscan liderar áreas estratégicas del Gobierno, especialmente cuando otros procesos de control ya han puesto el foco en la necesidad de esclarecer títulos y requisitos profesionales en la administración pública.
