Durante la toma y retoma del Palacio de Justicia de Bogotá, ocurrida entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, once personas salieron con vida del edificio y, a partir de entonces, nunca más se supo de ellas. Este hecho quedó registrado como desaparición forzada en los archivos de CNMH y en la jurisprudencia de la CorteIDH, y ha atravesado décadas de memoria, investigación judicial y procesos de reparación.
Entre las víctimas reconocidas como desaparecidas por la CNMH y la Corte IDH destacan Cristina Guarín Cortés, Carlos Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Bernardo Beltrán, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Stella, Norma, Ana Rosa, Héctor, David y Gloria Isabel, nombres que han emergido en sentencias y procesos de verdad y reparación. Las investigaciones señalan que las personas detenidas fueron trasladadas al Cantón Norte y a la Escuela de Caballería, donde se les perdió la pista, según la Corte IDH.
Memoria, verdad y reparación tras la toma del Palacio de Justicia
La magnitud del episodio se refleja en once desapariciones y un saldo de más de cien muertos, cifras que persisten en la memoria colectiva y que han impulsado una labor sostenida de búsqueda, identificación y reparación. Con el paso de los años, la identificación parcial avanzó y en 2015 quedaron identificados Cristina Guarín Cortés, Luz Mary Portela León y Lucy Amparo Oviedo Bonilla mediante pruebas genéticas, y en 2016 los restos de Portela León fueron entregados a su familia. Aún quedan ocho personas sin identificación plena, un refugio de la verdad que la ciencia y la memoria siguen tratando de esclarecer. Este marco de hechos y de respuestas ha sido central en la jurisprudencia y en las políticas de reparación impulsadas por organismos internacionales y nacionales.
La sentencia Rodríguez Vera y otros contra Colombia, emitida por la Corte IDH en 2014, condenó al Estado por desaparición forzada y ejecución extrajudicial e ordenó medidas de reparación, búsqueda e identificación. En esa misma línea, la Corte IDH determinó que la desaparición de Irma Franco Pineda constituye un crimen de Estado, subrayando la necesidad de proteger a combatientes capturados bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario en contextos de conflicto. En el ámbito judicial colombiano, el año 2021 marcó un hito cuando el Tribunal Superior de Bogotá ratificó condenas contra cinco militares retirados por desaparición forzada agravada. La CNMH, por su parte, conserva un archivo audiovisual de testimonios y recortes que permite mantener vivo el relato y las voces de las familias, mientras la memoria se refuerza cada noviembre con actos en la Plaza de Bolívar y la reiteración de nombres como Cristina, Carlos, Héctor, David, Bernardo, Gloria Stella, Luz Mary, Norma, Ana Rosa, Irma y Gloria Isabel en un esfuerzo de reparación simbólica y de búsqueda de verdad.
Datos secundarios: vídeos y fotografías de El Tiempo y Noticiero Cripton han mostrado a varios desaparecidos saliendo con vida del Palacio, custodiados por militares, contrastando con las descripciones posteriores de desaparición. El CNMH mantiene un archivo audiovisual de testimonios y recortes, y la toma ha alimentado un debate público sobre la posible financiación por parte de Pablo Escobar y del Cartel de Medellín, tema recogido por la Comisión de la Verdad como parte de la narrativa de aquel periodo.
«La entrega de un cuerpo sin la verdad no nos satisface» – Hermano de Carlos Augusto Rodríguez Vera
Este episodio no es solo una fecha en el calendario; es una memoria que exige verdad, justicia y reparación para las familias y para la historia de Colombia, y que continúa guiando las labores de memoria, investigación y reparación de las instituciones encargadas de esclarecer lo ocurrido en aquellos días de noviembre de 1985.
