En Manizales, el juez Hugo Carbonó presidió una audiencia virtual dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. En una decisión que alteró el curso del proceso, Carbonó excluyó del juicio los informes del Consejo Nacional Electoral que certifican que Petro Burgos no realizó aportes a la campaña de su padre y rechazó certificaciones procedentes de la Casa de Nariño. Las audiencias quedaron fijadas para realizarse de forma telemática los días 4 y 5 de noviembre de 2025, pasando a ser una pieza centrales para valorar la pertinencia de cada prueba en el marco de la investigación.
La defensa, representada por el abogado Alejandro Carranza, insistió en que esos documentos no guardan relación directa ni indirecta con la acusación y solicitó que se rechacen por impertinentes y extemporáneas. En contraste, el tribunal admitió videos vinculados a testimonios relevantes, como Laura Ojeda, y a las diligencias de imputación de los investigadores Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares, además de declaraciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación que forman parte de la carpeta número dos. El magistrado también aludió a diligencias anteriores de 2023: el 28 de abril de ese año se realizaron diligencias de testimonio y, los días 9 y 10 de mayo, se llevó a cabo la inspección de la carpeta dos, antecedentes que, según él, deben servir para determinar la admisibilidad de ciertos elementos en el proceso. En el marco de las cuestiones de fondo, se mencionó que Nicolás Petro figura en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hecho que, sostiene su defensa, ha provocado bloqueo de cuentas y restricciones para viajar; por ello no se descarta la posibilidad de que el procesado atienda diligencias desde Bogotá, dada su residencia actual allí, tras haber vivido en Barranquilla.
Audiencias remotas y prueba en revisión
Entre los nombres involucrados en las diligencias y en el registro de pruebas se encuentran Day Vásquez, Laura Ojeda, Daysuris del Carmen Vázquez Castro, Máximo Noriega Rodríguez, Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares, quienes figuran como parte de la documentación y de las testificaciones cuyo peso la defensa y la Fiscalía disputan. En ese marco, se confirmó que el proceso está orientado a evaluar la relevancia de las evidencias preexistentes y a decidir qué documentos pueden acompañar la pericia que eventualmente se realice sobre el patrimonio del procesado. Todo ello se enmarca en un contexto de seguridad institucional, con reportes y reacomodos logísticos que podrían permitir que Petro Burgos atienda diligencias desde la capital del país, buscando reducir riesgos personales tras la detención de otros actores vinculados a la investigación.
«Al no relación ello con estos hechos jurídicamente relevantes y con la acusación formulada, estas pruebas resultan para el Juzgado impertinente y extemporáneas, razón por la cual debe ser rechazada, inadmitidas» – Hugo Carbonó, Juez
La evolución del caso continúa bajo la revisión de Blu Radio, fuente que ha recopilado detalles sobre las audiencias programadas para los días 4 y 5 de noviembre de 2025, así como las condiciones que rodean la posible realización de diligencias de forma remota desde Bogotá. En medio de un contexto de alta vigilancia mediática y de riesgos potenciales para la seguridad personal de Petro Burgos, el despacho del abogado Alejandro Carranza sostiene que la defensa debe centrarse en evidencias pertinentes y en la valoración objetiva de las pruebas, con miras a esclarecer el origen del enriquecimiento y las operaciones de lavado que se le atribuyen, en un marco que también contempla la posibilidad de traslado domiciliario para la continuidad de las diligencias a distancia.
